La situación de violencia que se vive en el país y que se reproduce en muchos espacios —barrios, residenciales, escuelas, hogares, carreteras, redes sociales—, no puede ser vista como un fenómeno aislado. La información de prensa muestra un estado de tensión creciente y políticas públicas que avanzan más lento que la realidad.
En los últimos años los medios reportan incrementos sostenidos en homicidios, violencia de género, atracos, muertes provocadas por el organismo cuya función es la de preservar la seguridad ciudadana. Los feminicidios se han incrementado en el primer semestre de este año, pese a los discursos gubernamentales.
Qué decir de la violencia vial que genera tantas muertes vinculadas a imprudencias, agresividad y ausencia de controles efectivos. Según el Listín Diario, el 2023 llegó a cerrar con más de 1,000 homicidios, colocándonos como una de las naciones de la región con mayor tasa.
Diario Libre ha documentado que los feminicidios continúan en niveles muy preocupantes, con números alarmantes, sabiendo incluso que esta cifra puede ser mucho mayor de la que se estima debido a los subregistros que se llevan sobre esta situación.
Qué decir de la violencia que se vive en nuestras avenidas, calles y carreteras que cada vez se hace más fuerte y evidente. El Caribe y Acento han reportado que seguimos siendo el país con mayor mortalidad por accidentes de tránsito con números que superan las 2,000 muertes anuales.
Estos datos no solo describen hechos, situaciones reales que enlutecen familias, revelan, sobre todo, fallas estructurales e institucionales, políticas públicas inefectivamente gestionadas.
En general, nuestras políticas públicas responden a reacciones del momento. Debió ocurrir la muerte de aquella joven estudiante de 16 años, embarazada y luego asesinada por un profesor, para entonces correr y procurar a las escuelas tener un código de ética que, finalmente, no ha detenido el problema.
Las intervenciones en éste como en muchos otros ámbitos de violencia no son más que parches, reacciones del momento que solo responden y son pensadas después del hecho acontecido. Luego que se entierran y se lloran las víctimas vienen las lamentaciones.
Se refuerza la vigilancia en un barrio o zona residencial tras un homicidio o atracos; se prometen reformas luego de un feminicidio que nos estremece y conmociona al país. No es con anuncios ni mucho menos con ruedas de prensa que se va a detener esta situación de violencia generalizada.
La psicología social ofrece una lectura clara: cuando un país enfrenta múltiples formas de violencia simultáneamente, el problema no es solo individual. Es estructural e institucional. Tres cuestiones a destacar al respecto:
La primera: la falta de una política integral de prevención. La violencia se aborda por sectores: Interior y Policía atiende la criminalidad, Educación propone normas de convivencia escolar, Salud Pública habla de la salud mental y la Procuraduría dice atender a la violencia de género.
La pregunta pertinente sería ¿cuál es la estrategia nacional que articule estos esfuerzos? Duplicidad, vacíos y respuestas aisladas es el resultado.
La segunda: una débil infraestructura de salud mental. La prensa ha reportado que no contamos con los profesionales del comportamiento suficientes en el sistema público ante una población de más de 10 millones y mucho menos de los programas sociales y comunitarios que lleven a cabo programas efectivos de prevención y bienestar social.
La tercera: la impunidad y la desconfianza en las instituciones. Son muchos los casos de violencia de género que no llegan a sentencia, los medios documentan que más del 50%. Y se ha puesto en evidencia, en algunos barrios, la población prefiere “resolver por su cuenta” antes de acudir a las autoridades.
La psicología social política ha puesto en evidencia que cuando la confianza en las instituciones se pierde, la violencia aumenta.
La violencia se alimenta de: guiones agresivos aprendidos desde la infancia, normas comunitarias que legitiman la fuerza, traumas no tratados, desigualdad y hacinamiento territorial, polarización social, narrativas mediáticas que amplifican el miedo, entre otras.
En nuestro país todos estos factores confluyen y hacen que la violencia crezca: estamos ante una tormenta perfecta para ello, muy a pesar de nuestro consabido crecimiento económico de lo que los políticos hablan tanto sin que ello tenga impacto en la vida de la mayoría.
Se necesita pasar de los operativos a las políticas pública integradas de Estado. Tres líneas urgentes que seguir:
- Un Sistema Nacional de Prevención de la Violencia que unifique los organismos del caso sumando otros, como los gobiernos locales, en una sola estrategia con metas e indicadores medibles y con el presupuesto necesario.
- Centros comunitarios de salud mental y mediación de conflictos, que desarrollen programas de habilidades socioemocionales.
- Reformas institucionales serias que permitan recuperar la confianza pública en la seguridad ciudadana, la protección para mujeres y niños, al mismo tiempo que cree los mecanismos comunitarios en y para la seguridad.
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