Asociaciones sin Fines de Lucro en Salud: ¿Filantropía eficiente o parachoques de sistema deficitario?

Desde la rehabilitación hasta la salud mental, las ONG se han convertido en el salvavidas de las poblaciones más vulnerables del país. Sin embargo, detrás de esta encomiable labor filantrópica se esconde un sistema de reparto desigual, desiertos sanitarios en la frontera y un Estado que financia a ciegas sin evaluar el impacto real.

Las Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL) son entidades creadas por el acuerdo de al menos cinco personas para realizar actividades de bien social o interés público. Reguladas por la Ley núm. 122-05 y su reglamento de aplicación, estas organizaciones no persiguen beneficios económicos y están obligadas a reinvertir sus ingresos en su propia misión. Su órgano rector es el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL (CASFL), adscrito al Ministerio de la Presidencia. Además, para operar legalmente, requieren la habilitación del ministerio sectorial correspondiente; en este caso, el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Las costuras que el Estado no alcanza a cubrir

Para entender el alcance real de estas entidades -también  llamadas  Organizaciones No Gubernamentales (ONG)-, basta con plantearse algunas preguntas: ¿Qué sería de  miles de niños y adultos con discapacidad si no existiera la Asociación Dominicana de Rehabilitación? ¿Qué pasaría con los jóvenes con adicciones si no estuviera Hogares Crea? ¿O qué ocurriría con los cientos de pacientes con una condición de salud mental del norte del Distrito Nacional que buscan atención y medicamentos en la Pastoral de la Salud?

El salvavidas  de un Estado desbordado

Es evidente que las  ASFL llenan un vacío estructural. Mientras el modelo estatal sigue siendo eminentemente curativo y centralizado, estas entidades logran incidir en la prevención, la salud mental comunitaria y el bienestar de las poblaciones más vulnerables. En un Estado históricamente desbordado, operan como el salvavidas del sistema.

Millones bajo la sombra de la ineficiencia estatal

Actualmente, el MSP  tiene registradas 106 ASFL que  este año recibirán un total de RD$1,918,222,025 (mil novecientos dieciocho millones doscientos veintidós mil veinticinco pesos). Los montos  varían drásticamente: desde instituciones que perciben más de doscientos millones de pesos, hasta aquellas que apenas reciben   quinientos mil. No obstante, incluso estas últimas logran planificar y ejecutar sus intervenciones con mayor agilidad que el propio Departamento de Salud Mental del MSP, el cual el año pasado –pese a haber diseñado una planificación profesional estimada en cuatro millones de pesos– solo pudo ejecutar algo más de quinientos mil pesos.

Los “desiertos sanitarios” y los criterios de asignación

Según los datos macroeconómicos del país, el gasto de bolsillo en salud ronda el 23.5 % del gasto total. Las ASFL alivian esta carga en las familias vulnerables mediante la entrega de medicamentos, prótesis o consultas gratuitas. Sin embargo, es imperativo cuestionar si la distribución de estos recursos responde a las verdaderas urgencias que atenazan al sistema dominicano, tales como la crisis silenciosa de la depresión en los barrios o el aumento de enfermedades no transmisibles como la diabetes y las afecciones cardiovasculares.

La brecha geográfica: ¿Impacto o peso político?

Salta a la vista la desigualdad geográfica: las provincias de la frontera, afectadas históricamente por un “desierto sanitario” y altos índices de pobreza, apenas cuentan  con la  presencia de estas ONG. ¿Cuáles son, entonces, los criterios de asignación presupuestaria del CASFL? ¿Reciben más fondos las instituciones con mayor impacto, o prima el peso político?

El papel lo aguanta todo: El simulacro de la fiscalización

Para garantizar la transparencia de estos fondos públicos, las auditorías son obligatorias. El entramado de control incluye al CASFL (supervisión presupuestaria), a la Cámara de Cuentas (fiscalización externa) y al propio MSP (auditorías in situ). Se supone que las entidades deben reportar mensualmente sus gastos en el portal transaccional del CASFL y remitir informes financieros trimestrales a la Cámara de Cuentas. El diseño institucional aspira a que la fiscalización no solo valide facturas, sino que mida el impacto social real. Todo suena impecable en el papel, pero ¿se cumple en la práctica?

Auditorías reprobadas e impunidad presupuestaria

Los datos reflejan una realidad preocupante.  En el año 2024, el MSP realizó apenas seis auditorías a igual número de ONG (de un universo de 106). El dictamen fue idéntico y alarmante para todas: “No se acoge a lo estipulado en la Ley 122-05…”, violando flagrantemente las normativas de regulación y rendición de cuentas. A pesar de que se les envió el informe técnico exigiendo reparos, el MSP no recibió respuesta alguna. La gravedad del asunto culmina en 2025: estas mismas ONG recibieron sus asignaciones presupuestarias íntegras, evidenciando una total ausencia del régimen de consecuencias contemplado por la ley, el cual incluye la suspensión de fondos o la inhabilitación.

La necesidad de auditar a las ASFL radica en la protección del bien común. Los recursos que manejan provienen de los impuestos de los ciudadanos, quienes tienen el derecho legítimo de saber cómo y en qué se invierte su dinero. Fiscalizar con rigor previene que el bienestar social sea secuestrado por intereses político–partidarios o  por el beneficio personal de los directivos.

El impacto potencial de las ASFL es innegable y vital para reducir las brechas sociales del país. Sin embargo, para salvaguardar su credibilidad ante cooperantes internacionales y la sociedad civil, el Estado no puede seguir siendo un financista ciego. El financiamiento público debe condicionarse estrictamente a un manejo institucional impecable y transparente; de lo contrario, la filantropía eficiente terminará convirtiéndose en el cómplice silencioso de un sistema deficitario.