El presente artículo analiza el convenio de colaboración firmado esta semana entre la Asociación Civil Usina de Justicia y el Instituto Dominicano de Derecho Procesal (INDODPRO). Este convenio procura promover la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito, un instrumento jurídico impulsado por la Asociación Civil Usina de Justicia y respaldado por el Instituto (INDODPRO).
La Convención, inspirada en la Declaración de la ONU de 1985 y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo, busca establecer un estándar común de protección para las víctimas en el continente americano, donde existe un rezago significativo en comparación con otros sistemas regionales.
El artículo examina los fundamentos histórico-jurídicos de la iniciativa, sus objetivos generales y el rol de las instituciones firmantes en su promoción regional. Se concluye que la Convención representa un punto de inflexión conceptual que reequilibra el sistema de justicia penal, reconociendo a la víctima como sujeto central de derechos.
La Asociación Civil Usina de Justicia es una organización no gubernamental argentina dedicada a la defensa de los derechos de las víctimas de homicidio y femicidio en contexto de inseguridad. Fundada bajo la presidencia de la Dra. Diana Cohen Agrest. Los objetivos principales de Usina de Justicia son: evaluación y participación en la formulación de políticas públicas para mejorar la situación de familiares de víctimas directas de homicidio y la organización de actividades académicas (cursos, seminarios, diplomaturas, congresos) para difundir la victimología como ciencia.
Usina de Justicia (IVUJUS) ha impulsado durante los últimos años una sostenida agenda de trabajo en el ámbito regional. Un momento clave se produjo en el Primer Simposio Americano y Europeo de Victimología Penal: Las víctimas de homicidio en contexto de inseguridad, celebrado en Buenos Aires (Argentina), donde se exhortó a la OEA a la sanción de la Convención mediante la firma de la Declaración de Buenos Aires.
El Instituto Dominicano de Derecho Procesal (INDODPRO) tiene por misión consolidar el Estado de derecho, defender la Constitución, contribuir al fortalecimiento de los poderes públicos y la sociedad dominicana, afianzando la nación y consolidando el sistema democrático. Entre los objetivos: estudio, divulgación, perfeccionamiento y desarrollo del derecho procesal; formación de recursos humanos mediante congresos, maestrías, diplomados, seminarios y foros, entre otros.
En América Latina, la evolución del derecho penal y las políticas públicas en derechos humanos ha estado orientada por agendas que, aunque han respondido a contextos históricos determinados, no siempre han atendido de manera integral las demandas concretas de las víctimas, generando: desprotección estructural, revictimización institucional y creciente distancia entre expectativas sociales y respuestas estatales.
La Convención procura reequilibrar el sistema de justicia penal, reconociendo a la víctima como sujeto central de derechos y no como un mero objeto del proceso. Este enfoque no contrapone las garantías del debido proceso, sino que procura fortalecer la legitimidad del sistema, restablecer la confianza en las instituciones y reafirmar el rol indelegable del Estado en la protección efectiva de las personas frente al delito.
La actual coyuntura regional ofrece una oportunidad singular para impulsar un cambio de enfoque que reorienta la agenda interamericana hacia estándares más integrales, realistas y eficaces en materia de seguridad, justicia y protección de derechos fundamentales. La promoción de esta Convención podría constituir un punto de inflexión, un verdadero giro conceptual en la forma en que la región concibe el vínculo entre Estado, delito y ciudadanía.
Mediante la suscripción del Convenio de Colaboración, el Instituto de Victimología de Usina de Justicia y el INDODPRO se comprometen a impulsar en sus respectivos países de origen la sanción de la Convención sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito, consolidar una estrategia institucional de articulación con actores diplomáticos, académicos y técnicos de la región y reivindicar los nuevos enfoques con perspectiva de víctima en el sistema penal.
La Convención representa un avance significativo en la doctrina victimológica regional porque transciende la visión tradicional de la víctima como objeto pasivo del proceso, establece obligaciones vinculantes para los Estados, no solo principios declarativos, introduce estándares mínimos concretos de protección, asistencia y reparación, y equilibra las garantías del debido proceso con la protección efectiva de las víctimas.
Puedo concluir diciendo que la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas del Delito constituye un punto de inflexión conceptual en la justicia penal regional. Su impulso por Usina de Justicia y el INDODPRO representa un esfuerzo estratégico para corregir el rezago histórico de América Latina en materia de protección de víctimas.
Los fundamentos de la Convención, inspirados en estándares internacionales reconocidos y adaptados a las realidades americanas, ofrecen un marco normativo robusto que establece obligaciones vinculantes para los Estados. Los objetivos de las partes firmantes —impulsar la sanción nacional, establecer diálogo institucional, articular estrategias regionales y reivindicar enfoques con perspectiva de víctima— constituyen una hoja de ruta clara para la implementación.
La celebración del Convenio de Colaboración entre el Instituto y Usina de Justicia marca el inicio de una agenda conjunta que podría transformar la relación entre Estado, delito y ciudadanía en la región interamericana. El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de movilización de actores diplomáticos, académicos y técnicos, así como de la voluntad política de los Estados para adoptar reformas legislativas y asignar recursos suficientes.
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