Arroz-arancel: la cosecha que empieza

En agosto de 2004, República Dominicana firmó el DR-CAFTA, donde quedó establecido que el arroz estadounidense ingresaría libre de aranceles a partir de enero de 2025. El tratado fue ratificado por el Congreso Nacional en septiembre de 2005 y entró en vigor en marzo de 2007. Las sucesivas administraciones conocían, por tanto, el calendario comercial y disponían de casi dieciocho años de vigencia del acuerdo para preparar al subsector arrocero nacional.

¿Faltó tiempo? Evidentemente, no. Tampoco faltaba conocimiento sobre las asimetrías productivas y comerciales entre ambos países, conocidas desde antes de suscribir el tratado. Existía, además, experiencia técnica y conocimiento acumulado sobre la estructura agropecuaria dominicana, incluso en los niveles superiores de decisión gubernamental.

El período disponible permitía diseñar, financiar, ejecutar y evaluar una política integral de transformación productiva: investigación, semillas mejoradas, mecanización apropiada, riego eficiente, infraestructura, financiamiento diferenciado, asociatividad y comercialización. Una política especialmente orientada a elevar la competitividad de pequeños y medianos arroceros.

Sin embargo, la continuidad estatal se expresó en programas y decisiones de alcances diferentes, sin que la documentación examinada permita acreditar su articulación sostenida en una estrategia integral de preparación frente al arancel cero.

Sería incorrecto afirmar que no se hizo nada. Desde 2005 hubo pignoración, créditos e inversiones. En 2026, Banreservas anunció RD$12,000 millones para la pignoración 2026-2027. Pero financiar cosechas y estabilizar precios no equivale, por sí solo, a demostrar una preparación competitiva integral.

También hubo innovación específicamente arrocera. Según Agricultura, BIOARROZ impulsó variedades mejoradas y semillas certificadas: su uso reportado pasó del 27 % en 2015 al 62 % en 2017, evidencia de avances productivos.

Un informe elaborado por la oficina en Santo Domingo del Servicio Agrícola Exterior (FAS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), publicado en enero de 2026, registró que la relación entre costos unitarios dominicanos y estadounidenses se redujo de 2.13 en 2007 a 1.34 en 2024. Pese a esa mejora, el costo unitario dominicano todavía superaba en un 34 % al estadounidense. Este indicador agregado no revela las diferencias entre productores según su escala ni permite establecer su viabilidad competitiva bajo condiciones de apertura plena.

Los avances agregados tampoco permiten conocer la cobertura y los resultados de cada intervención pública. Un ejemplo ilustrativo es el PATCA II, programa agropecuario, no exclusivamente arrocero, aprobado por el BID en 2010. De 9,400 agricultores previstos alcanzó a 1,513 (16.1 %), y operó en dos de ocho regiones proyectadas. Según el BID, sufrió cancelación parcial por restricciones fiscales; la evaluación de ese programa identificó efectos positivos en ingresos, productividad y adopción tecnológica entre beneficiarios.

En septiembre de 2016, el presidente Danilo Medina emitió el Decreto 260-16, creando una comisión de alto nivel para evaluar los efectos de la desgravación arancelaria y formular medidas de mitigación. Debía presentar una evaluación en 45 días y una propuesta de acción en 90 días.

Diez años después, no se han podido verificar públicamente los resultados de aquella evaluación ni la ejecución de un eventual plan integral derivado de ella. La ausencia de trazabilidad pública impide saber qué se evaluó, qué se recomendó y cómo se utilizó. Está documentada la orden presidencial de evaluar, pero no se ha podido establecer el cumplimiento material de ese mandato ni el destino institucional de sus posibles recomendaciones.

El problema no puede reducirse a una supuesta insuficiencia de capacidades técnicas. Hubo protección comercial, financiamiento e innovaciones. Pero la documentación examinada no acredita un plan articulador con metas, financiamiento y evaluación conjunta de su suficiencia ante el arancel cero, especialmente para pequeños y medianos productores.

Cuando faltaban catorce días para enero de 2025, el presidente Luis Abinader emitió el Decreto 693-24. Dispuso 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense libres de arancel; contempló además contingentes con tarifa del 20 % y protección del 99 % fuera de los cupos correspondientes.

La disposición mantuvo una protección extraordinaria durante aproximadamente veinte meses, pero no modificó los compromisos del DR-CAFTA. Finalmente, el propio presidente la derogó mediante el Decreto 635-26, del 9 de septiembre de 2026.

La experiencia plantea una contradicción institucional: recurrir a una barrera arancelaria de última hora frente a un desafío conocido durante dos décadas, para posteriormente eliminarla sin que se haya acreditado una transformación productiva integral equivalente.

La derogación señalada modifica inmediatamente los incentivos económicos para importar arroz estadounidense. Los importadores experimentados cuentan con relaciones comerciales, financiamiento y conocimiento del mercado para aprovechar las nuevas condiciones. En julio de 2025, USA Rice documentó gestiones para expandir ventas y remover restricciones al acceso de su arroz al mercado dominicano.

Las experiencias regionales ofrecen advertencias. Costa Rica redujo aranceles desde 2022: según CONARROZ, la producción arrocera descendió de 153,173 toneladas en el ciclo 2021-2022 a 70,234 toneladas en 2024-2025, una reducción aproximada del 54 %. Aunque esa contracción no puede atribuirse exclusivamente a la reducción arancelaria, constituye una advertencia sobre los riesgos productivos asociados a procesos de apertura comercial.

Las consecuencias potenciales sobrepasan las unidades arroceras: pueden afectar los ingresos rurales, el empleo, los servicios conexos y las economías territoriales, además de incrementar la demanda de divisas si aumentan las importaciones de arroz. La presión sobre los precios recibidos por los productores puede reducir sus márgenes de rentabilidad; si los ingresos dejan de cubrir los costos, algunas explotaciones podrían disminuir sus siembras o salir del subsector.

El dilema tampoco debe formularse como consumidores versus productores. Una política integral debió procurar simultáneamente precios asequibles para la población y condiciones competitivas que permitieran la continuidad de pequeños y medianos arroceros como oferentes nacionales.

Hoy es exigible un balance público de inversiones, beneficiarios, metas incumplidas, resultados productivos y evaluaciones realizadas. También es necesaria una política integral, diferenciada por escala productiva y territorio, que articule los avances alcanzados con las medidas todavía requeridas para afrontar las nuevas condiciones comerciales.

La cosecha que comienza con el arancel cero resulta tanto de los compromisos asumidos mediante el DR-CAFTA como de las decisiones y omisiones gubernamentales acumuladas durante más de veinte años.

Ahora, los pequeños y medianos arroceros enfrentan una cosecha amarga: el riesgo de abandonar su actividad. Durante sucesivos gobiernos se acumularon decisiones y omisiones que dejaron insuficientemente atendida la responsabilidad pública de preparar el subsector y proteger la continuidad productiva de esos agricultores y el sustento de sus familias. Las consecuencias amenazan con recaer sobre quienes no tuvieron el poder de determinar aquellas decisiones.