Planificar para no desplazar: territorio, cambio climático y la movilidad humana en RD

En Miches, un municipio costero al noreste de la República Dominicana, la lluvia no siempre llega como alivio. A veces llega como un río que cambia de rumbo y entra a las casas. Llega en forma de barro acumulado en las calles, puentes colapsados y familias tratando de rescatar, entre el lodo, lo poco que quedó en pie.

En septiembre de 2017, el desbordamiento del río La Yeguada convirtió gran parte del municipio en una escena de devastación: viviendas inundadas, caminos destruidos y comunidades enteras aisladas tras el paso del huracán María.

Quienes viven en Miches saben que, cuando el río crece, no solo se pierde infraestructura. También se interrumpe la rutina: la pesca se detiene, los caminos desaparecen y muchas familias pasan días enteros intentando recuperar la normalidad.

Es precisamente desde esa realidad, la de un territorio costero donde conviven ríos, manglares, humedales y comunidades altamente expuestas a inundaciones, que surge la necesidad de pensar el ordenamiento territorial no como un ejercicio técnico distante, sino como una herramienta concreta para anticipar riesgos, proteger comunidades y construir resiliencia frente al cambio climático.

Ejemplos recientes, como las lluvias registradas en Puerto Plata el pasado mes de abril de 2026, evidencian esta realidad. Las inundaciones afectaron comunidades y sus medios de sustento, obligaron a muchas familias a enfrentar pérdidas, desplazamientos temporales y altos niveles de incertidumbre sobre su futuro. Más allá del impacto inmediato, estos eventos muestran cómo la falta de planificación territorial incrementa la vulnerabilidad y puede convertirse en un factor que empuja a las personas a desplazarse.

Sin embargo, no todos los desplazamientos son inevitables.

Una parte importante de estos movimientos está directamente relacionada con cómo se ocupa y se gestiona el territorio, y no afecta a todas las personas por igual. Frente a ecosistemas tan frágiles, la planificación territorial adquiere un valor estratégico: permite anticipar riesgos, orientar el uso del suelo y fortalecer capacidades para reducir la exposición. En otras palabras, adaptación de las comunidades frente al cambio climático.

En este contexto, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de un proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo de la OIM (IDF), viene acompañando al Estado dominicano en el fortalecimiento de capacidades para integrar la movilidad humana, el cambio climático y la gestión del riesgo en los procesos de ordenamiento territorial. El trabajo ha incluido la actualización de herramientas de planificación territorial para los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial, así como el acompañamiento a instituciones nacionales y gobiernos locales para incorporar el riesgo climático y la movilidad humana en la planificación del territorio.

De la teoría a la práctica: el caso de Miches

A través de una evaluación multiamenaza del territorio —que estudió la ocurrencia de inundaciones fluviales y costeras, erosión del litoral, inestabilidad de suelos y presión sobre ecosistemas como manglares y humedales—, combinada con levantamientos de campo y trabajo comunitario, se identificaron riesgos concretos que afectan directamente a las comunidades y a sus medios de vida, especialmente en actividades como la pesca, el turismo local y otras economías vinculadas al territorio.

En zonas específicas de sectores de Miches, como Los Mameyes y Boca del Río, los riesgos identificados fueron clasificados como no mitigables o altamente críticos (OIM–Miches, 2025), lo que indica que, incluso con medidas de adaptación o mitigación, la exposición al riesgo continúa siendo extremadamente alta. Esto evidencia los límites de la adaptación cuando la ocupación del territorio no ha incorporado el riesgo como variable central.

Este diagnóstico permitió algo fundamental: pasar de la identificación del riesgo a la toma de decisiones.

Planificar también implica decidir dónde no construir

Uno de los resultados más relevantes del piloto fue la definición de un régimen de uso de suelo basado en la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos. Humanos, que permitió distinguir entre: áreas no aptas para urbanización o expansión futura debido a sus niveles de riesgo, zonas urbanas ya consolidadas, y espacios con potencial para un desarrollo más seguro.

El análisis territorial evidenció que más de un 23% del territorio analizado corresponde a áreas no aptas para urbanización o expansión futura (análisis geoespacial OIM–Miches, 2025), mientras que solo una parte del territorio presenta condiciones adecuadas para el desarrollo futuro. En algunos de estos espacios, la ocupación histórica del territorio ha dado lugar a asentamientos ubicados en zonas de riesgo no mitigable o altamente crítico, donde incluso las medidas de adaptación presentan limitaciones importantes.

En este contexto, se desarrolló un análisis multicriterio, basado en una evaluación multiamenaza del territorio, que permitió identificar zonas seguras para posibles procesos de reasentamiento. Este análisis integró variables ambientales, sociales, de acceso a servicios y viabilidad territorial.

Este proceso no fue únicamente técnico. Incluyó validación comunitaria, incorporando activamente las percepciones de riesgo, las prioridades y el conocimiento local de las propias comunidades.

Detrás de cada mapa de riesgo hay experiencias conocidas por las comunidades: calles que se inundan cada temporada, zonas donde el mar avanza lentamente o sectores donde las familias saben que una crecida puede dejarlas aisladas.

Movilidad humana, riesgo y territorio: una relación que debe planificarse

El caso de Miches muestra que la movilidad humana en contexto de cambio climático no puede abordarse únicamente desde la respuesta a emergencias. Requiere intervenciones estructurales que reduzcan la exposición al riesgo y fortalezcan las condiciones de permanencia en los territorios.

Esto implica integrar la movilidad humana y, cuando sea necesario, procesos de reubicación planificada en la planificación territorial, no como consecuencias posteriores, sino como variables a considerar desde el inicio. En este sentido, el proyecto ha permitido que instituciones nacionales y autoridades locales cuenten con mejores herramientas para incorporar el riesgo climático en la toma de decisiones. Más allá de los productos —diagnósticos, planes y mapas—, lo relevante es la instalación de una base técnica que puede orientar decisiones futuras.

Planificar para no desplazar

Planificar para no desplazar no significa evitar toda forma de movilidad. Significa prevenir y minimizar aquellos movimientos que ocurren de manera forzada, por falta de previsión, por ocupación de zonas de alto riesgo o por ausencia de alternativas.

Significa, también, reconocer que la migración puede ser una estrategia, pero no debería ser la única opción frente al riesgo.

Antes las realidades que el cambio climático nos impone, la pregunta ya no es solo cómo responder a los desastres, sino cómo anticiparlos desde el territorio.

Porque, en última instancia, planificar el territorio no es solo organizar el espacio.

El desafío ahora es traducir estos diagnósticos y herramientas en decisiones sostenidas, inversiones y procesos de planificación que permitan reducir el riesgo antes de que ocurra el próximo desastre.

En lugares como Miches, planificar el territorio también significa intentar que, después de la próxima tormenta, las familias puedan seguir llamando hogar al lugar donde siempre han vivido.