La República Dominicana acogió y cerró con resultados concretos la Asamblea General de la Red Jaguar 2026, el foro regional más importante de cooperación contra el crimen ambiental organizado. Durante tres días —del 3 al 5 de junio— el Hotel Barceló Santo Domingo fue escenario de negociaciones entre delegaciones de América Latina, el Caribe y Europa, que acordaron las prioridades estratégicas para el período 2026-2027 y adoptaron nuevas herramientas tecnológicas para perseguir delitos que destruyen ecosistemas y biodiversidad. El evento ya concluyó, y sus resultados posicionan al país como un actor de peso en la arquitectura regional de seguridad ambiental.
Una asamblea que cerró con cambios en la conducción regional
El resultado más significativo de la Asamblea fue el relevo en la dirección de la Red Jaguar: Brasil asumió la Secretaría Ejecutiva y Paraguay la Vicesecretaría para el período 2026-2027. El cambio de conducción, decidido por consenso entre los países miembros, marca un giro hacia el Cono Sur en la gestión de una red que hasta ahora había tenido su centro de gravedad en la región andina y centroamericana.
Acuerdos operativos y tecnológicos
Más allá del relevo institucional, las sesiones de trabajo produjeron acuerdos concretos en tres áreas:
- Coordinación de operaciones conjuntas contra el tráfico de fauna, la tala ilegal y la minería criminal.
- Adopción de nuevas herramientas técnicas y tecnológicas para fortalecer la investigación y la judicialización de delitos ambientales.
- Definición de prioridades estratégicas regionales para los próximos doce meses, con énfasis en el intercambio de inteligencia entre unidades especializadas.
INTERPOL, el programa EL PACCTO 2.0, el programa FORCES y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de España participaron como organismos de apoyo técnico y operativo.
El papel dominicano: anfitrión y protagonista
El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), dependiente del Ministerio de Defensa, encabezó la organización del encuentro como país anfitrión. La delegación dominicana estuvo liderada por el general de brigada Ángel Alfredo Camacho Ubiera, director general del SENPA y Punto de Contacto Estratégico de la República Dominicana ante la Red Jaguar.
La delegación incluyó además al Punto de Contacto Operacional, tres miembros técnicos y representantes de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, lo que refleja la articulación entre el brazo militar y el judicial en la persecución de estos delitos.
"Recibir la Asamblea General de la Red Jaguar en Santo Domingo reafirma nuestro indelegable compromiso con la protección ambiental y la cooperación regional. Trabajaremos junto a nuestros socios para fortalecer la inteligencia y la acción operativa contra quienes dañan la biodiversidad y los recursos naturales", afirmó Camacho Ubiera.
Los aeropuertos internacionales Las Américas y Punta Cana también bajo evaluación
La semana en que se celebró la Asamblea coincidió con el inicio de la auditoría de la OACI al sistema aeroportuario dominicano, lo que evidencia una agenda intensa de escrutinio y cooperación internacional sobre las instituciones de seguridad del país.
Crimen ambiental, una amenaza que escala en la región
La Red Jaguar fue creada en 2018 como plataforma de cooperación entre organismos estatales de América Latina, el Caribe y la Unión Europea frente a delitos que van desde el tráfico de especies protegidas hasta la minería ilegal y la deforestación organizada. Entre 2017 y 2022 se documentaron 1,945 casos de captura y caza ilegal de vida silvestre en la región, una cifra que subestima la magnitud real del problema dado el alto índice de delitos no denunciados.
En el contexto dominicano, la celebración de la Asamblea adquiere una dimensión política adicional. Apenas días antes del evento, el secretario de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo, Paíno Abreu, advirtió que el país atraviesa "uno de los momentos más delicados en materia ambiental de las últimas décadas", señalando retrocesos en la protección de áreas protegidas y una creciente flexibilización de los controles ambientales durante la gestión del PRM. La sede de la Asamblea en Santo Domingo, en ese marco, funciona también como señal política hacia adentro: el Estado dominicano busca proyectar hacia afuera una imagen de compromiso ambiental que no todos los actores nacionales comparten.
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