El Ministerio Público comenzó este miércoles la presentación de su acusación formal contra el exministro de Hacienda Ángel Donald Guerrero Ortiz y los demás imputados en el caso Calamar, un proceso en el que el órgano persecutor atribuye a 46 personas físicas y jurídicas la participación en un esquema que habría provocado un perjuicio al Estado superior a los RD$19 mil millones.
La acusación sostiene que los recursos habrían sido obtenidos mediante operaciones irregulares vinculadas a expropiaciones, reconocimientos de deuda y cesiones de crédito, mientras el proceso entra en la etapa de presentación de pruebas y argumentos ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La acusación: un supuesto esquema de desvío de recursos públicos
Durante la jornada, el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, expusieron ante las juezas los principales elementos de la acusación.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían utilizado distintas instituciones públicas para ejecutar operaciones que permitieron canalizar recursos estatales mediante mecanismos que la Fiscalía considera fraudulentos.
Entre esos mecanismos menciona pagos relacionados con expropiaciones, reconocimientos de deudas y cesiones de crédito. La acusación también plantea que parte de los fondos habría sido posteriormente ocultada, simulada o incorporada al patrimonio de determinados beneficiarios.
La Fiscalía atribuye a Guerrero un papel central en la estructura que describe en el expediente. De acuerdo con la acusación, el entonces ministro de Hacienda habría participado junto con otros imputados en la facilitación de mecanismos utilizados para canalizar los recursos.
Estas afirmaciones corresponden a la tesis del Ministerio Público y deberán ser sometidas al contradictorio durante el juicio.
El mecanismo de las cesiones de crédito
Uno de los aspectos expuestos este miércoles fue el relacionado con las cesiones de crédito. La Fiscalía presentó expedientes de expropiación y explicó cómo, según su versión, algunos beneficiarios de terrenos declarados de utilidad pública habrían sido condicionados a ceder parte de los derechos de cobro a determinadas personas o sociedades.
Entre los expedientes citados figura el de Hacienda Cosme, cuyos terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1976. Según la acusación, en ese caso se habría planteado el pago del 55 % del valor reconocido bajo la condición de suscribir cuatro cesiones de crédito.
El Ministerio Público sostiene que estos procedimientos permitieron transferir fondos públicos hacia personas y sociedades que, según su investigación, no eran los destinatarios reales de los recursos.
Mirna Ortiz anticipa una solicitud de condena
Al responder preguntas de periodistas después de la audiencia, Ortiz afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el proceso demostrarán la existencia de la estructura descrita en la acusación.
La procuradora también adelantó que el órgano acusador solicitará condenas contra los imputados, una posición que corresponde a la parte acusadora y que deberá ser valorada por el tribunal al término del proceso.
Ortiz agregó que las investigaciones del Ministerio Público continúan y dejó abierta la posibilidad de que otros hechos o personas sean incorporados a futuras investigaciones, aunque no precisó nuevos nombres ni actuaciones.
Un proceso que ya superó varios incidentes
El juicio de fondo comenzó formalmente en agosto, después de que el tribunal rechazara solicitudes de reposición de plazos y ordenara la fusión de expedientes vinculados al caso.
Más recientemente, el 14 de septiembre, el Tercer Tribunal Colegiado rechazó por mayoría las solicitudes de extinción de la acción penal planteadas por varias defensas. Las juezas consideraron que el proceso, por su complejidad y características, no había excedido el plazo máximo de duración de manera que justificara su extinción.
La defensa de algunos imputados anunció que recurrirá esa decisión ante la jurisdicción correspondiente.
La lectura de la acusación continuará
La presentación del Ministerio Público no concluyó este miércoles. La lectura de la acusación continuará el próximo lunes 21 de septiembre ante el mismo tribunal, integrado por las magistradas Arlin Ventura Jiménez, Leticia Martínez y Evelyn Rodríguez.
El caso entra así en una etapa decisiva: la Fiscalía deberá sustentar durante el juicio las imputaciones formuladas en el expediente, mientras las defensas tendrán la oportunidad de controvertir sus argumentos, cuestionar las pruebas y presentar sus propias posiciones ante las juezas.
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