El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, separó del proceso de audiencia preliminar a Elías Camaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial del Seguro Nacional de Salud (Senasa), por motivos de salud.
El tribunal fijó para el próximo 16 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia preliminar contra el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y los demás imputados en el caso, relacionado con presuntos sobornos para favorecer contratos de servicios de seguridad privada.
De acuerdo con el expediente, los sobornos investigados ascienden a RD$ 108,080,359.92 y habrían sido exigidos y recibidos por responsables de seguridad institucional y otros funcionarios para beneficiar a empresas contratistas.
Entre los procesados figuran Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral, S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de Seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de Seguridad del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), y Ramón Quezada Ortiz, miembro del Departamento de Seguridad de EdeEste.
También están acusados Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de Seguridad de EdeNorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de Seguridad del Inaipi; Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de Seguridad de EdeEste; Elías Camaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de Senasa, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar.
El expediente incluye a las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio, EIRL, propiedad de Rodríguez González, así como a Magestym Waste & Recycling Company, S.A., y Magesty Recycling, S.R.L., vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.
Cómo habría operado el presunto esquema
La investigación fue desarrollada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), con apoyo de la Dirección General de Persecución, a partir de una denuncia remitida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Según el Ministerio Público, las pesquisas identificaron una presunta estructura que habría manipulado contratos y exigido sobornos para favorecer a empresas dedicadas a prestar servicios de seguridad privada al Estado.
La acusación sostiene que Senase habría pagado sobornos a funcionarios durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025. Los pagos presuntamente se realizaron mediante transferencias bancarias y entregas de dinero en efectivo para asegurar la continuidad de los contratos adjudicados a la empresa.
El órgano acusador afirma que funcionarios responsables de supervisar los contratos habrían recibido pagos ilícitos para mantener las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la prestación de los servicios sin objeciones ni una fiscalización efectiva.
De acuerdo con la acusación, estas prácticas habrían debilitado los mecanismos de supervisión y recepción de los servicios contratados, en beneficio de determinadas compañías de seguridad privada y en perjuicio del interés público.
La separación de Camaño Pérez permite que el proceso continúe respecto de los demás imputados, mientras su situación se conoce por separado. Los señalamientos forman parte de la acusación del Ministerio Público y deberán ser examinados en el proceso judicial.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}