El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) activó este jueves un equipo de técnicos especializados para investigar la avería que mantiene afectados los servicios de Altice Dominicana desde el miércoles.
El caso se perfila como uno de los episodios de interrupción más prolongados que ha registrado esta operadora de telecomunicaciones del país.
El regulador toma cartas en el asunto
El presidente del consejo directivo del Indotel, Guido Gómez Mazara, confirmó que la empresa notificó al organismo regulador sobre la falla y que, en respuesta, la entidad desplegó técnicos para realizar un levantamiento técnico de la situación.
Según Mazara, este viernes a las 9:00 de la mañana se ofrecerá un informe oficial sobre las causas que originaron la interrupción.
"Lo que tiene que hacer el Indotel legalmente es hacer un estudio, una valoración y una certificación de las características de la avería", precisó el funcionario.
La intervención del regulador llega luego de que Altice Dominicana reconociera públicamente, la noche del miércoles, la existencia de una "incidencia técnica" que afectó de manera parcial sus plataformas de voz y datos.
La compañía aseguró que sus equipos trabajaban "de forma ininterrumpida" para identificar el origen del problema.
Lo que inicialmente Altice describió como inconvenientes "temporales" —dificultades para comprar paquetes de datos, realizar recargas y efectuar llamadas— se ha extendido por más de 36 horas sin una resolución definitiva.
Miles de usuarios en todo el territorio nacional reportaron imposibilidad de realizar llamadas, acceder a internet y completar transacciones básicas como recargas, afectando tanto a clientes residenciales como a negocios que dependen de la conectividad para operar.
El rol del Indotel y las obligaciones legales
El episodio pone sobre la mesa el debate sobre la capacidad real del Indotel para fiscalizar y sancionar a los operadores cuando incumplen los estándares de calidad de servicio establecidos en la normativa dominicana de telecomunicaciones.
La ley obliga a los proveedores a garantizar niveles mínimos de disponibilidad del servicio. Una interrupción de esta duración y escala podría derivar en sanciones administrativas, aunque históricamente las multas aplicadas en el sector han sido consideradas insuficientes frente al volumen de ingresos de las operadoras.
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