El Parlamento venezolano, de mayoría chavista, aprobó este viernes una nueva legislación sobre arrendamientos con la que busca facilitar el acceso a viviendas en alquiler y dinamizar el mercado inmobiliario, semanas después de que dos terremotos dejaran a cerca de 18 mil personas sin hogar.
La nueva norma busca "contribuir a la satisfacción de las necesidades habitacionales de la población" y establecer mecanismos para fortalecer el sector inmobiliario de alquiler, según el texto aprobado por unanimidad en la Asamblea Nacional.
Ahora propietarios e inquilinos acuerdan
La nueva ley modifica el sistema vigente durante más de una década y ahora permite que propietarios e inquilinos acuerden directamente el monto del canon, en lugar del esquema anterior de regulación estatal.
La nueva normativa busca reactivar un mercado inmobiliario afectado por años de contracción económica y facilitar el acceso a viviendas en alquiler, aunque su aplicación dependerá de factores como la capacidad de pago de los ciudadanos, la disponibilidad de inmuebles y las condiciones generales de la economía venezolana.
Cambios en los contratos de arrendamiento
La ley establece que el precio del alquiler será determinado mediante acuerdo entre propietarios e inquilinos, sin otras restricciones que las contempladas en la propia legislación.
Uno de los objetivos planteados por los legisladores es reducir las barreras que, según sus promotores, han limitado el acceso al alquiler formal en Venezuela, donde algunos contratos han exigido depósitos elevados, fiadores y documentos adicionales como condición para ocupar una vivienda.
La diputada opositora Alejandra Rodríguez señaló durante el debate que la legislación puede contribuir a recuperar la confianza en el mercado de arrendamiento, aunque no detalló mecanismos específicos para garantizar ese objetivo.
Qué cambia con la nueva ley de alquileres en Venezuela
Mientras la normativa anterior otorgaba al Estado un papel central en la fijación del canon, la nueva legislación establece que propietarios e inquilinos podrán acordar directamente el monto del alquiler.
Bajo la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, aprobada en 2011, el precio de los alquileres no quedaba sujeto únicamente a la negociación entre las partes.
La determinación del canon correspondía a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), que aplicaba una metodología basada en el valor del inmueble y una tasa de rentabilidad anual establecida por la normativa.
En la práctica, los propietarios debían someterse a los límites fijados por la autoridad reguladora, mientras los inquilinos podían recurrir al organismo estatal para solicitar la revisión o determinación del monto correspondiente.
Requisitos de habitabilidad y zonas de riesgo
La normativa también dispone que los inmuebles destinados al alquiler deberán cumplir condiciones mínimas de habitabilidad y prohíbe el arrendamiento de propiedades ubicadas en áreas declaradas de alto riesgo por las autoridades.
El sector inmobiliario venezolano ha enfrentado durante años problemas asociados a la caída de la inversión, la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la reducción de la oferta de viviendas disponibles para alquiler.
Aunque el Gobierno venezolano presenta la nueva legislación como una herramienta para estimular el mercado, especialistas y actores del sector han señalado en distintos momentos que la recuperación dependerá también de factores económicos más amplios, como la estabilidad monetaria, la capacidad de pago de los ciudadanos y la disponibilidad de nuevas construcciones.
La crisis habitacional en Venezuela se suma a otros desafíos sociales derivados de la prolongada situación económica y migratoria del país.
La aprobación de la ley ocurre en un momento en que el Gobierno de Nicolás Maduro mantiene el control institucional de la Asamblea Nacional, mientras sectores opositores cuestionan la independencia de los poderes públicos y la efectividad de las políticas económicas oficiales.
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