El Gobierno venezolano de Delcy Rodríguez negó las versiones que circulan sobre una supuesta participación de tropas estadounidenses en el operativo militar desplegado en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar.
En paralelo, la prestigiosa organización humanista no gubernamental Provea exigió transparencia sobre las acciones ejecutadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y sus consecuencias para la población civil.
En medio de la difusión de versiones sobre un presunto despliegue conjunto entre fuerzas venezolanas y estadounidenses, las autoridades descartaron oficialmente esa posibilidad y sostuvieron que la operación está siendo ejecutada por organismos de seguridad nacionales.
Hasta el momento no existe evidencia pública que confirme la participación de militares de Estados Unidos en las acciones desarrolladas en el estado Bolívar, pese a la reciente cooperación y contactos de alto nivel entre ambos países en materia de seguridad.
Provea reclama información sobre el operativo
Tras conocerse el despliegue militar, Provea solicitó al Gobierno informar sobre el número de detenidos, su situación legal, el alcance de la operación y las condiciones en que se encuentran los civiles residentes en las zonas intervenidas.
La organización también pidió la participación de la Defensoría del Pueblo para supervisar el respeto de los derechos humanos y recordó que anteriores operaciones en regiones mineras derivaron en denuncias de ejecuciones extrajudiciales y abusos contra la población.
El despliegue se concentra en territorios controlados por grupos armados
De acuerdo con información recopilada por Provea, SOS Orinoco y fuentes locales citadas por EFE, efectivos de la FANB y helicópteros artillados fueron desplegados en Las Brisas, Las Claritas y el Kilómetro 88, áreas donde operan organizaciones armadas vinculadas a la minería ilegal.
Residentes consultados señalaron que durante la intervención se escucharon detonaciones que generaron incertidumbre entre los habitantes de la zona, mientras uno de los principales objetivos sería desarticular estructuras criminales que controlan parte de la actividad minera.
Operativo coincide con apertura del sector a inversionistas extranjeros
La intervención militar ocurre dos meses después de la aprobación de una nueva Ley de Minas que permite la incorporación de inversionistas extranjeros en el Arco Minero, una región estratégica por sus reservas de oro, coltán, hierro, cobre y tierras raras.
El Gobierno venezolano también anunció recientemente acuerdos con empresas internacionales para desarrollar proyectos en esa zona, en un contexto de creciente interés económico por sus recursos naturales.
El Arco Minero del Orinoco ha sido objeto de constantes denuncias por la presencia de grupos armados, explotación ilegal de minerales y violaciones de derechos humanos. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre la débil presencia institucional del Estado y el impacto ambiental y social derivado de la actividad extractiva en la región.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}