El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, anunció la suspensión de la tramitación de nuevos decretos de rebaja de condenas y la presentación de un proyecto de ley para restringir estos beneficios, después de que se conociera que 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad recibieron reducciones de sus penas entre marzo y septiembre de 2026.
La información, publicada inicialmente por el medio chileno Interferencia, identifica a 27 condenados por abuso sexual y a otros 29 por violación.
La controversia también alcanzó al menos a dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), lo que amplió las críticas contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat.
Gobierno detiene nuevos trámites
El Ejecutivo comunicó que suspenderá la tramitación de los decretos de rebaja de condenas y que impulsará una modificación del procedimiento para acceder al beneficio por conducta intachable.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió la actuación de su ministerio y sostuvo que las decisiones se adoptaron conforme a la legislación vigente y a una interpretación que, según afirmó, cuenta con respaldo de la Corte Suprema.
El ministro no dijo qué ocurrirá con los 56 beneficios que ya fueron concedidos. La información difundida hasta ahora indica que la mayoría de esos 56 condenados habría salido de prisión, según declaraciones del propio ministro recogidas por la prensa chilena.
Una controversia sobre la interpretación de la ley
El Congreso durante el Gobierno del progresista Gabriel Boris aprobó una reforma que excluyó a los condenados por delitos sexuales contra menores de edad de ese beneficio. Antes de ese cambio, según los antecedentes difundidos sobre el caso, el Ministerio de Justicia ya rechazaba habitualmente las solicitudes de este grupo.
¿Cómo pudo entonces el Gobierno de Kast conceder beneficios a 56 condenados por esos delitos si existía una reforma legal que los excluía?
La respuesta del Gobierno de Kast fue que la reforma de 2022 no debía aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de su entrada en vigor, porque eso perjudicaría a los condenados. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que la jurisprudencia de la Corte Suprema respaldaba esa interpretación.
La oposición reclama responsabilidades
El Partido Socialista pidió revisar e invalidar los decretos que, a su juicio, contravengan la ley, publicar los antecedentes que justificaron las rebajas y determinar las responsabilidades políticas y administrativas.
Parlamentarios de la Democracia Cristiana también advirtieron sobre la posibilidad de promover una acusación constitucional contra Rabat.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo cuestionó la decisión por considerar que se aparta de los criterios que tradicionalmente había aplicado la cartera. La Defensoría de la Niñez, por su parte, calificó de preocupantes los antecedentes conocidos y reclamó explicaciones claras.
También por condenados de la dictadura
La polémica adquirió otra dimensión al conocerse que al menos dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Pinochet habrían asimismo recibido rebajas de sus penas.
El antecedente generó nuevas críticas de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos, en un contexto de cuestionamientos previos por la trayectoria profesional de Rabat.
Antes de incorporarse al Gobierno de Kast, el ministro formó parte del equipo jurídico que defendió a Pinochet en procesos relacionados con la Operación Colombo y el caso Riggs.
Kast se ha declarado admirador del dictador.
La Operación Colombo alude a la desaparición de 119 personas y el caso Riggs a investigaciones sobre el patrimonio y las operaciones financieras del dictador.
Rabat tampoco ha descartado la posibilidad de indultar a otros militares condenados por violaciones de derechos humanos.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}