El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó este martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.
Trump aseguró en su cuenta de Truth Social que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Suramérica" y que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.
El republicano anunció de esta forma el "bloqueo total" contra los petroleros que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del operativo militar que inició en las aguas internacionales del Caribe que supuestamente tenía como objetivo central combatir a organizaciones del narcotráfico que operan en la región.
En su mensaje, el presidente agregó que "el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiar el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro".
Tras la orden presidencial no está claro cuántos petroleros serían afectados ni qué consecuencias tendrá dicha medida para la industria petrolera venezolana.
Absolutamente irracional
Caracas calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" tal decisión y denunció que "el presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria".
Señaló además que Trump viola el derecho al "libre comercio y la libre navegabilidad", al lanzar "una amenaza temeraria y grave contra" Venezuela.
La semana pasada, el Comando Sur de los Estados Unidos, que desde agosto ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.
El buque, sancionado por Washington desde 2022 por sus vínculos con una "flota sombra" de transporte de crudo y acusado de violar normas de sanciones, fue trasladado a un puerto de Estados Unidos para iniciar un proceso legal de decomiso de su carga.
Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por Nicolás Maduro de "robo descarado" y un acto de piratería.
Venezuela se ve obligada a utilizar esos buques "fantasma" que cargan crudo venezolano a un precio inferior al del mercado para esquivar las sanciones financieras.
La medida, considerada una escalada significativa en la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha tensado aún más las relaciones entre ambos países y contribuido a una caída de los embarques de crudo venezolano, al tiempo que amenaza con nuevas incautaciones de petroleros sancionados en aguas cercanas.
La nueva escalada del operativo militar estadounidense llegó en medio de un aumento de la presencia militar en el Caribe y ha sido condenado por Caracas como "piratería", mientras que la Casa Blanca defendió la incautación del primer petrolero sancionado como parte de su política de sanciones y control de activos vinculados a actividades ilícitas.
Comunismo venezolano condena autoritarismo de Maduro
El Partido Comunista de Venezuela (PCV), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) afín a Maduro, condenó que el Gobierno de este haya optado por "más autoritarismo" y denunció las detenciones en las últimas horas del politólogo Nicmer Evans y los dirigentes sindicales José Elías Torres y William Lizardo.
"Lejos de garantizar derechos, el Gobierno continúa avanzando en detenciones arbitrarias, violentando el debido proceso, irrespetando las garantías constitucionales y los derechos humanos de los detenidos", señaló Pedro Eusse, integrante del buró político del PCV.
Frente al "hostigamiento" de Estados Unidos, el Ejecutivo madurista ha optado por una "salida autoritaria", en lugar de buscar una "solución democrática que unifique al pueblo venezolano".
El comunista recordó que Evans, director del medio digital Punto de Corte, fue detenido el pasado sábado y hasta el momento "se desconoce su paradero, configurándose -según advirtió- una situación de desaparición forzada". En la víspera, la familia del politólogo pidió a la Justicia informar sobre su paradero.
Su esposa, Martha Camero, dijo que Evans fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y ahora es víctima de una situación de desaparición.
Lo mismo que vive Evans también se repite en los casos del secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, y del presidente de Fetraconstrucción, William Lizardo.
"Se trata de una práctica recurrente que el Gobierno autoritario de Nicolás Maduro ha intentado normalizar y que debe ser rechazada de manera firme", apostilló.
Torres y Lizardo fueron detenidos por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 28 y 29 de noviembre pasados, respectivamente, y hasta la fecha se desconoce el lugar de reclusión de ambos, según ha denunciado la ONG Provea.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 893 presos políticos, entre los que hay 774 hombres, 119 mujeres y 4 adolescentes de entre 14 y 17 años de edad, según un boletín publicado el pasado 10 de diciembre.
El Gobierno de Maduro y la Fiscalía General niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos e insisten en que son personas que han cometido diversos delitos.
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