La administración de Donald Trump acudirá nuevamente a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar mantener su política de deportar migrantes a países distintos de aquellos de los que son nacionales, después de que una corte federal de apelaciones bloqueara su aplicación.
El fiscal general estadounidense, Todd Blanche, anunció este jueves que el Departamento de Justicia solicitará al máximo tribunal que intervenga en el caso, luego de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston, dejara vigente una decisión de un tribunal inferior que declaró ilegal la política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La disputa no se centra únicamente en si Estados Unidos puede enviar a una persona a un tercer país, sino en qué garantías debe recibir el migrante antes de ser trasladado a un país con el que no tiene relación.
Una decisión del tribunal de apelaciones establece que la persona debe recibir una notificación significativa de que será enviada a un tercer país y contar con una oportunidad para plantear que podría ser perseguida o sufrir daños en ese destino.
El Gobierno defiende las deportaciones
Blanche cuestionó que el tribunal de apelaciones haya permitido que la decisión que bloquea las deportaciones entrara en vigor inmediatamente, sin dar al Gobierno la oportunidad de responder.
El fiscal general sostuvo que las expulsiones hacia terceros países constituyen una herramienta legal para enfrentar la inmigración irregular y anunció que solicitará a la Corte Suprema una medida de emergencia. El máximo tribunal ya había intervenido en este mismo litigio en 2025 para suspender temporalmente una orden judicial que impedía aplicar la política.
La administración ha utilizado acuerdos con otros gobiernos para trasladar a más de 25,000 migrantes a por lo menos 29 terceros países, según un registro citado por Reuters y The Guardian elaborado por Refugees International y Human Rights First. México ha sido uno de los principales destinos, aunque también se han producido expulsiones hacia países de América Latina, el Caribe, África y Asia Central.
El debido proceso, en el centro del litigio
El caso surgió de una demanda colectiva presentada por migrantes que tenían órdenes de deportación y que podían ser enviados a países con los que no tenían vínculos.
El tribunal inferior había concluido que el procedimiento utilizado por el Gobierno no garantizaba adecuadamente que esas personas fueran informadas con antelación ni que pudieran plantear objeciones relacionadas con posibles persecuciones en el país al que serían trasladadas. La corte de apelaciones mantuvo esencialmente esa conclusión.
La controversia adquiere especial relevancia porque algunos de los países utilizados como destino presentan situaciones de violencia, inestabilidad política o crisis humanitarias. The Guardian citó entre ellos a República Centroafricana y Sudán del Sur.
En un antecedente del litigio, la propia Corte Suprema documentó que existieron planes para trasladar a miembros del grupo demandante a Libia y Sudán del Sur. En el caso de Libia, los abogados de los migrantes habían advertido que algunos podían ser enviados sin recibir previamente una oportunidad para plantear sus objeciones.
Trump busca nuevamente respaldo de la Corte Suprema
La nueva solicitud del Gobierno llega después de que un panel de tres jueces del Primer Circuito rechazara la política el pasado viernes y, posteriormente, aclarara que la decisión que la bloqueaba podía comenzar a aplicarse.
Blanche sostiene que la administración necesita que la Corte Suprema intervenga para evitar que la prohibición impuesta por los tribunales inferiores paralice todas las expulsiones hacia terceros países.
El litigio D.V.D. v. U.S. Department of Homeland Security se ha convertido así en una prueba judicial sobre los límites de la política migratoria de Trump y sobre las garantías que deben acompañar una deportación cuando el destino no es el país de origen del migrante.
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