El Tribunal Constitucional (TC) de Perú declaró nulo el proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales, al concluir que durante el procedimiento se vulneraron principios constitucionales relacionados con la legalidad y la tipicidad penal.
La decisión abre la posibilidad de que el exmandatario recupere su libertad tras haber sido condenado a 15 años de prisión.
Tribunal Constitucional acoge recurso de Humala
La decisión fue adoptada al resolver un recurso de habeas corpus presentado por la defensa del exgobernante, mediante el cual el TC determinó que durante la investigación y el proceso judicial se afectaron los principios de legalidad y tipicidad, estrechamente vinculados al derecho fundamental a la libertad personal.
Como consecuencia, el órgano constitucional declaró la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Humala.
La sentencia también alcanza a Nadine Heredia
La resolución beneficia igualmente a la ex primera dama Nadine Heredia, quien formó parte del mismo proceso judicial. Heredia había solicitado asilo en Brasil tras la condena impuesta en el caso.
El fallo no constituye una declaración de inocencia sobre los hechos investigados, sino que invalida el procedimiento por las vulneraciones constitucionales identificadas por el Tribunal Constitucional.
Un caso de alto impacto político
Humala fue investigado por presuntamente haber recibido aportes ilícitos para financiar sus campañas presidenciales, un caso que se enmarca en las investigaciones sobre financiamiento político que han alcanzado a varios expresidentes peruanos durante la última década.
La condena de 15 años de prisión lo mantenía recluido en el penal de Barbadillo, establecimiento donde también han permanecido otros exmandatarios procesados por corrupción.
El caso de Humala forma parte de la serie de investigaciones derivadas del escándalo de corrupción de Odebrecht y del financiamiento irregular de campañas políticas en Perú.
En los últimos años, varios expresidentes del país han enfrentado procesos penales relacionados con estos hechos, convirtiendo a Perú en uno de los países latinoamericanos más afectados por las ramificaciones judiciales del caso.
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