Presidente de Filipinas dice que ayudó a detener a Duterte a petición de Interpol y no por venganza

"Duterte fue detenido siguiendo nuestros compromisos con Interpol", dijo Marcos Jr. en una rueda de prensa, después de que el organismo internacional "pidiese ayuda" y porque "esto es lo que la comunidad internacional espera de nosotros".

El presidente filipino defendió que el arresto de su antecesor tuvo lugar "no porque lo pidiera la CPI", de la que Filipinas no es parte desde que Duterte retiró al país en 2019 para evitar ser implicado en una investigación sobre su sangrienta guerra contra las drogas.

El exdirigente de 79 años fue detenido al aterrizar en Manila procedente de Hong Kong a las 9:20 hora local (1:20 GMT), del martes, después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

Tras pasar horas retenido en la base aérea de Villamor, que comparte pista con el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, Duterte abandonó el país asiático hacia La Haya, como confirmó el propio Marcos Jr., a bordo de un avión chárter con número de registro RP-C5219.

Sara Duterte, la vicepresidenta de Filipinas e hija del expresidente, afirmó que su padre fue "trasladado por la fuerza" a La Haya y denunció a los medios de comunicación que el arresto estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo.

Marcos Jr., sin embargo, rechazó haber prestado ayuda a Interpol por motivos electorales.

"No sé cómo puede ser una persecución política de mi parte, porque (el caso en la CPI) comenzó incluso antes de que yo entrara en escena" al ganar los comicios presidenciales de 2022, dijo.

El desenlace actual tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato (2016-2022), durante la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado, y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos