El partido de la premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió este jueves levantar de «inmediato» su inhabilitación política, después de que una exmagistrada confesara que fue presionada para firmar la medida que impidió a la líder opositora competir en las elecciones presidenciales de 2024.
«Esa inhabilitación debe ser levantada DE INMEDIATO», afirmó Vente Venezuela en un comunicado, en el que sostuvo que la sanción fue «ilegal desde su origen» y ratificada mediante presiones contra una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Magistrada coaccionada
La reacción se produjo después de que Bárbara César Siero, exmagistrada y antigua vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, denunciara que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitación política, entre ellas la de Machado y la del dirigente opositor Henrique Capriles.
Según el testimonio de César Siero, difundido el martes 6 de octubre mediante un video y una carta, sus dos hermanos y una cuñada fueron detenidos en diciembre de 2023.
La exfuncionaria afirmó que esas detenciones se utilizaron como mecanismo de presión para obligarla a suscribir las decisiones judiciales.
La exmagistrada también denunció que sus familiares permanecieron incomunicados y que temió por sus vidas.
Aseguró que el caso conocido como «Brazalete Blanco», relacionado con una supuesta conspiración contra el entonces presidente Nicolás Maduro, fue utilizado para presionarla.
Solicitó protección para ella y sus familiares ante organismos internacionales de derechos humanos.
Vente Venezuela sostuvo que las revelaciones respaldan sus denuncias sobre la utilización de las instituciones judiciales para excluir a dirigentes opositores de los procesos electorales.
El partido pidió que los hechos denunciados sean investigados y calificó las inhabilitaciones como mecanismos de persecución política.
La inhabilitación de Machado por 15 años fue anunciada en 2023 por la Contraloría General de Venezuela y ratificada por el TSJ en enero de 2024, cuando el tribunal declaró improcedente el recurso presentado para revertir la sanción.
La medida le impidió presentarse como candidata presidencial en las elecciones del 28 de julio de ese año.
Tras quedar excluida de la contienda, la oposición respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia.
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