Dos organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes en Estados Unidos presentaron este jueves una demanda contra el Gobierno de Donald Trump por su decisión de revocar un beneficio migratorio que otorga un estatus legal a miles de venezolanos en el país.

La demanda, presentada en una corte federal en California, argumenta que la decisión del Gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos es ilegal y motivada por discriminación contra los migrantes de este país.

"La secretaria Kristi Noem y el presidente Trump han hecho en repetidas ocasiones comentarios atacando a los migrantes que no son blancos y a los beneficiarios del TPS en particular", indicó el documento judicial.

En concreto, los abogados de las organizaciones citan una entrevista en Fox News, en donde la funcionaria se refiere a los migrantes venezolanos con TPS como "porquería".

"La decisión de la administración de Trump de anular y rescindir el TPS para Venezuela representa un gran alejamiento de la promesa de nuestra nación de brindar igualdad de protección", señaló Harold Solis, abogado de la ONG Make The Road New York, que presentó la demanda en un comunicado.

El Gobierno de Biden decidió otorgar el TPS para las personas de Venezuela en 2021 y 2023, asegurando que la emergencia humanitaria en ese país impide a los migrantes en EE.UU. volver de manera segura.

Antes de salir de la Casa Blanca, Biden decidió extender el TPS hasta 2026, pero esta decisión fue revocada por Noem, titular del DHS, a los pocos días de ser confirmada en su puesto por el Congreso.

El beneficio para las personas acogidas en 2023 vence en abril, y el de los inscritos en 2021 en septiembre.

La decisión de acabar con el TPS deja a más de medio millón de venezolanos en EE.UU. sin ese estatus legal y bajo el riesgo de deportación a un país con el que Washington rompió relaciones diplomáticas en 2019.

Como parte de su política de "mano dura" contra los migrantes", Trump reanudó contactos con Caracas y envió a un representante de su gobierno para reunirse con Nicolás Maduro.

El resultado de este encuentro fue el envío de vuelos de deportación con casi 200 personas desde Texas hacia Caracas y la liberación de seis estadounidenses presos en Venezuela.

A su vez, el Gobierno republicano ha trasladado a por lo menos 150 migrantes venezolanos a la base militar en Guantánamo, a los que Noem ha vinculado con la banda criminal Tren de Aragua, recientemente designada como grupo terrorista.

Sin embargo, tanto testimonios de familiares de algunos de estos migrantes, como sus antecedentes penales, contradicen las acusaciones del Gobierno.