La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente de Bolivia Evo Morales Ayma dentro de una investigación por los bloqueos de carreteras registrados en 2025, una medida que se suma a otro proceso judicial en el que ya pesa una orden de captura en su contra por un caso de presunta trata de personas agravada por tratarse de una menor de edad.
El nuevo mandamiento de aprehensión instruye a la Policía Boliviana ejecutar la detención de Morales para ponerlo a disposición del Ministerio Público, que lo investiga por presuntos delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa y obstaculización de vías, entre otros contemplados en el Código Penal boliviano.
La orden fue emitida por la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción y Delitos Tributarios y Aduaneros de Santa Cruz a partir de una denuncia presentada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, con participación del Ministerio de Gobierno.
De acuerdo con la investigación, Morales habría tenido un papel relevante en la organización y promoción de los bloqueos de carreteras que durante 53 días afectaron el tránsito de mercancías, el abastecimiento de combustibles y alimentos, además de generar pérdidas económicas en distintas regiones del país.
Los bloqueos marcaron una de las mayores crisis recientes
Protestas con impacto nacional
Las movilizaciones provocaron interrupciones en las principales rutas del país y ocasionaron dificultades para el transporte de productos básicos y combustibles, además de afectar la actividad comercial y los servicios esenciales.
Mientras las autoridades sostienen que las protestas vulneraron el orden público y ocasionaron graves daños económicos, los seguidores de Morales argumentan que las movilizaciones respondían a demandas políticas y sociales.
La nueva orden se suma al caso de la menor de edad
La orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Santa Cruz corresponde a un expediente distinto del proceso que Evo Morales enfrenta en el departamento de Tarija por el presunto delito de trata de personas agravada.
En ese caso, la Fiscalía investiga una supuesta relación que Morales habría mantenido con una adolescente de 15 años durante su mandato presidencial, de la que habría nacido una hija.
Los fiscales sostienen que la menor habría sido entregada al entonces mandatario como parte de un presunto esquema de favorecimiento político, acusaciones que el exmandatario rechaza y califica de persecución judicial.
En mayo de 2026, un tribunal de Tarija declaró a Morales en rebeldía tras no presentarse al inicio del juicio oral y ordenó su captura. Esa orden continúa vigente y es independiente de la emitida ahora por la Fiscalía de Santa Cruz.
Con la nueva decisión judicial, el expresidente enfrenta actualmente dos órdenes de aprehensión en procesos distintos: una por el caso de presunta trata de personas agravada y otra por la investigación relacionada con los bloqueos de carreteras de 2025.
Un escenario de creciente tensión política
La nueva actuación judicial se produce en un contexto de alta confrontación política entre el Gobierno boliviano y el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), quien mantiene influencia entre organizaciones campesinas y cocaleras, especialmente en la región del Chapare.
El Gobierno ha reiterado que las órdenes judiciales deben cumplirse conforme a la ley cuando existan las condiciones para ejecutarlas, mientras Morales sostiene que los procesos en su contra buscan impedir su participación en la vida política del país.
Evo Morales gobernó Bolivia entre 2006 y 2019 y, desde su salida del poder, enfrenta diversos procesos judiciales impulsados por la Fiscalía boliviana.
El expresidente niega todas las acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra, mientras las autoridades afirman que las investigaciones responden exclusivamente a actuaciones del sistema judicial.
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