El alcalde de Nueva York, Mamdani, lanzó una de las críticas más duras que se hayan pronunciado desde una autoridad municipal estadounidense contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En una declaración, lo definió como “criminal de guerra” y lo acusó de ser el “arquitecto de un genocidio” contra el pueblo palestino, atribuyéndole responsabilidad directa por una masacre que, según sus palabras, supera las “setenta y tres mil” muertes.

Mamdani sostuvo que el nivel de destrucción provocado por Netanyahu debería ser reconocido “con los ojos, con el corazón, con la conciencia”, y afirmó que el dirigente israelí “pertenece” a un tribunal. En ese marco, mencionó a la Corte Penal Internacional (CPI) como sustento central de su posición: dijo coincidir con el organismo y respaldar que Netanyahu sea “arrestado y juzgado” por los crímenes que se le imputan, “como cualquier otra persona acusada” por esa corte.

Sin embargo, el alcalde introdujo un punto clave desde el plano legal: aseguró que su administración revisó “cada vía disponible” bajo la legislación aplicable para determinar si Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la CPI en caso de que Netanyahu llegara a la ciudad. Según el propio Mamdani, la conclusión fue negativa: la ciudad “no tiene autoridad legal independiente” para hacer cumplir esa orden.

El pronunciamiento, no obstante, no se quedó en esa limitación. Mamdani apuntó directamente al gobierno federal de Estados Unidos, al señalar que Washington sí cuenta con la autoridad necesaria para proceder. En ese sentido, pidió que el gobierno federal “se sume” a la CPI y ejecute la orden de arresto si Netanyahu ingresara a jurisdicción estadounidense.

El cierre de la declaración elevó aún más el tono político del mensaje: “Benjamin Netanyahu no es bienvenido en la ciudad de Nueva York”, afirmó Mamdani, en una frase que funciona como advertencia y posicionamiento institucional ante una eventual visita del primer ministro israelí.

En su conjunto, la declaración combina una condena moral —con acusaciones de la máxima gravedad— con un planteo jurídico sobre competencias y límites de la autoridad local, y un llamado explícito a que la Casa Blanca asuma un rol activo frente a lo que el alcalde presentó como un requerimiento de justicia internacional.

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