La campaña presidencial de Brasil entró este martes en una nueva fase de confrontación judicial, después de que el senador Flávio Bolsonaro presentara una denuncia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva por el supuesto uso de recursos públicos para difundir mensajes electorales mediante WhatsApp.
Paralelamente, el equipo del mandatario anunció que solicitará al Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de la candidatura de su rival, al que considera beneficiado por presuntas irregularidades en las plataformas digitales de Meta.
Flávio Bolsonaro y el uso de recursos públicos
La representación presentada por los abogados del candidato del Partido Liberal (PL) sostiene que la cuenta oficial Gov.br, vinculada a los servicios digitales del Gobierno brasileño, habría sido utilizada para enviar mensajes masivos personalizados sobre programas sociales como Bolsa Família, Gás do Povo y Luz do Povo.
Según la denuncia, esa práctica podría constituir abuso de poder político y económico, además de publicidad institucional irregular durante el período electoral.
La campaña de Bolsonaro solicita suspender los envíos, preservar las pruebas digitales y sancionar a los responsables.
El recurso también pide la anulación de los registros o eventuales diplomas electorales de Lula y de su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, así como la declaración de inelegibilidad del presidente y del ministro de Comunicación Social, Sidônio Palmeira, por ocho años.
Lula contra la presunta intervención de Meta
La campaña del presidente, por su parte, anunció que acudirá al TSE para denunciar una supuesta manipulación algorítmica de Meta, empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp.
El equipo de Lula sostiene que determinadas publicaciones y anuncios de su candidatura sufrieron restricciones de alcance y que algunas herramientas de inteligencia artificial de la compañía respondieron de manera desigual a las solicitudes de contenido electoral de ambos aspirantes.
La presentación, cuya entrega se aplazó del martes al miércoles, incluirá una solicitud para revocar la candidatura de Flávio Bolsonaro. La iniciativa se fundamenta en la presunta interferencia de la plataforma en la competencia electoral, una acusación que Meta rechaza.
El tribunal exige igualdad de trato
El TSE convocó el martes a representantes de Meta y de ambas campañas para examinar el cumplimiento de una orden que exige igualdad en la distribución de contenidos políticos y en la difusión de anuncios electorales.
El organismo había concedido a la empresa un plazo de 24 horas para informar sobre las medidas adoptadas, después de cuestionar si había atendido adecuadamente instrucciones anteriores.
Meta afirmó que cumple las disposiciones judiciales y atribuyó los problemas denunciados a fallos técnicos, sin admitir que hubiera favorecido deliberadamente a alguno de los candidatos.
Una elección marcada por la disputa digital
Las denuncias contra Meta se producen en una campaña en la que la visibilidad de los candidatos en las redes sociales se ha convertido en otro frente de confrontación política.
El consejo asesor de contenido de la compañía ha señalado fallos recurrentes relacionados con la moderación de contenidos electorales en Brasil y Estados Unidos.
La controversia encara la transparencia de los algoritmos, la responsabilidad de las grandes plataformas y la capacidad de las autoridades electorales para garantizar condiciones equitativas en el entorno digital.
La empresa sostiene que sus medidas buscan cumplir las reglas electorales, mientras las dos campañas mantienen acusaciones cruzadas sobre posibles ventajas indebidas.
Un balotaje con la competencia abierta
Lula busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo, mientras Flávio Bolsonaro aspira a suceder a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio obtuvo el 47,03 % de los votos válidos y Lula alcanzó el 45,16 %, por lo que ambos deberán enfrentarse en la segunda ronda del domingo 25 de octubre. Los sondeos más recientes mantienen la disputa dentro de un margen estrecho.
Con la votación a pocos días, los recursos ante la justicia electoral añaden presión a una contienda ya polarizada. La decisión sobre las denuncias y la eventual presentación de pruebas serán determinantes para establecer si hubo infracciones y si estas justifican las sanciones solicitadas
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