El regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos de una condena a 45 años de cárcel por narcotráfico, representa una "prueba de fuego" para la justicia hondureña, que ahora deberá procesarlo, por presunto fraude y lavado de activos, suerte que presumiblemente quisiera correr el venezolano Nicolás Maduro.
Hernández, de 57 años, arribó ayer domingo a su país, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó en 2024 y lo condenó en a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Su regreso fue posible luego de que un juez hondureño suspendiera provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional en su contra, tras aceptar su comparecencia voluntaria para la audiencia de imputación del próximo 3 de agosto por el caso 'Pandora II', en el que ya fue sobreseído el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014).
Una prueba de fuego en Honduras
Según la acusación, Hernández, quien también presidió el Parlamento hondureño entre 2010 y 2014, y otros implicados habrían conformado entre 2010 y 2013 una red de corrupción que desvió más de 10 millones de dólares.
Para el analista Kenneth Madrid, el retorno del exgobernante representa una "prueba de fuego" para el Poder Judicial y la Fiscalía, que deberán demostrar que pueden actuar con independencia frente a la figura de quien gobernó Honduras de 2014 a 2022.
Por su parte, el analista Miguel Cálix coincidió con Madrid, aunque advirtió -en declaraciones a EFE- que "el Poder Judicial de Honduras, que está altamente partidizado, no ha sido hasta el día de hoy muy eficiente o efectivo en judicializar altas figuras como presidentes".
En procesos anteriores contra altos funcionarios no siempre fue posible acreditar responsabilidades penales por corrupción.
Los analistas coinciden en que la figura política de Hernández se ha visto erosionada tras el juicio en EE.UU., las denuncias de corrupción y su cuestionada reelección presidencial en 2017, pese a que la Constitución hondureña no la permite.
Por ello, consideran que el gobernante Partido Nacional evitará "arroparlo" para no comprometer la recuperación electoral lograda en los comicios de 2025, que dieron como ganador a Nasry 'Tito' Asfura.
Considerado por aliados y adversarios como un dirigente pragmático, estratega y de carácter firme, Hernández proyectó durante sus dos mandatos una imagen de cercanía y carisma ante la población, una percepción que quedó reflejada este domingo en los actos públicos en los que participó tras regresar al país.
Un hondureño carismático
La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó -esta semana- que el retorno del exmandatario representa una oportunidad para demostrar que "nadie está por encima de la ley".
Castellanos señaló que Hernández tiene derecho al debido proceso, pero cuestionó el supuesto trato diferenciado hacia integrantes de la clase política y recordó las denuncias de corrupción presentadas por el organismo durante los dos mandatos del expresidente.
¿El mismo trato de libertad o indulto para Maduro?
No es para nada seguro que Nicolás Maduro obtenga el mismo trato de libertad o indulto que el expresidente hondureño, ya que los procesos responden a contextos geopolíticos completamente diferentes, aunque presumiblemente es la suerte que quisiera correr el venezolano.
Mientras que Hernández recibió un indulto tras ser condenado, Maduro enfrentará un proceso penal riguroso en una corte federal de Estados Unidos.
Un juez federal en Nueva York fijó el inicio oficial del juicio con jurado para el 1 de junio de 2027, rechazando los intentos de la defensa por desestimar de inmediato los cargos principales.
Maduro enfrenta, él y su cónyuge, acusaciones formales por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con el uso de armas de guerra.
De ser hallados culpables por los tribunales estadounidenses, ambos se exponen a una pena máxima de cadena perpetua.
Diferencias con el desenlace de otros exmandatarios
Analistas legales e internacionales señalan que los indultos o decisiones de clemencia en casos de narcotráfico a nivel federal suelen estar mediados por prioridades estratégicas y alianzas de seguridad específicas de la administración de turno en Washington.
El escenario del hondureño está distante a la postura de confrontación y presión que mantiene el Departamento de Justicia hacia la cúpula procesada de Venezuela.
Además del juicio penal por narcoterrorismo en Nueva York, Maduro afronta demandas civiles por tortura y otros presuntos abusos y millonarias órdenes de indemnización dictadas en tribunales de Florida, lo que complica cualquier posibilidad de una resolución rápida o de retorno a su país.
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