Estudiantes de secundaria de Texas protestaron este martes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), después de que un agente de esa institución disparara el domingo contra el venezolano Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años, durante un operativo en Austin.
La manifestación reunió a unos 100 alumnos frente a la Corte Municipal de Pflugerville, unos 30 kilómetros al norte de Austin. Los estudiantes reclamaron el cese de las redadas migratorias y cuestionaron la presencia de agentes federales en sus comunidades.
La protesta ocurre mientras Garcés permanece bajo custodia migratoria y continúa recibiendo atención médica por las lesiones provocadas por el disparo.
Según su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, el venezolano fue trasladado nuevamente a un hospital después de presentar problemas de movilidad en el lado izquierdo de su cuerpo.
El caso de Wilber Garcés
Garcés recibió un disparo en la parte superior de la espalda el domingo 20 de septiembre, cuando, según su abogada, trabajaba como repartidor de DoorDash en Austin.
El propio Garcés declaró que un vehículo de agentes migratorios intentó interceptarlo y que posteriormente uno de los agentes le disparó. Según su versión, la bala fracturó su clavícula y quedó alojada cerca de la columna vertebral.
La Policía de Austin ha ofrecido una versión diferente. Su jefa, Lisa Davis, informó que el disparo ocurrió después de una breve persecución a pie.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y las autoridades locales investigan el incidente.
La investigación deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el disparo y si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos de los agentes.
Permanece bajo custodia migratoria
Después de ser atendido inicialmente en un hospital, Garcés fue trasladado a un centro de detención de ICE en Pearsall, a unos 200 kilómetros al suroeste de Austin, con la bala todavía alojada en su cuerpo.
Su abogada denunció que permaneció detenido sin recibir una atención médica adecuada. Posteriormente fue llevado nuevamente a un hospital debido a problemas de movilidad, según informó la defensa.
La defensa presentó una demanda federal y consiguió que Garcés sea llevado a una audiencia presencial el próximo 30 de septiembre. Según Lincoln-Goldfinch, el proceso judicial impide que sea deportado antes de esa comparecencia.
Disputa sobre su situación migratoria
El caso también enfrenta versiones diferentes sobre la situación migratoria del venezolano.
El DHS sostiene que Garcés ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante el Gobierno de Joe Biden y que tiene una orden definitiva de deportación. La agencia sostiene además que una autorización de empleo no constituye por sí misma un estatus migratorio legal.
Su abogada afirma, en cambio, que Garcés ingresó legalmente mediante un programa de libertad condicional mientras solicitaba asilo y que disponía de un permiso de trabajo.
La situación migratoria y las circunstancias del tiroteo son asuntos distintos que permanecen bajo disputa mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial.
Las protestas se extienden en Texas
La movilización de Pflugerville se produjo un día después de que decenas de personas protestaran frente al Capitolio de Texas en Austin por el tiroteo y por las políticas migratorias de la Administración Trump.
Las protestas se desarrollan en un contexto de fuerte incremento de las detenciones migratorias. Según cifras del DHS, casi 51.000 personas fueron arrestadas por ICE durante agosto.
La actuación de la agencia también ha provocado protestas en otras ciudades estadounidenses. En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió después de ser baleado por un agente de ICE en Houston.
Al menos tres personas han muerto por disparos de agentes de ICE desde el 20 de enero, mientras que otras han fallecido durante operativos o bajo custodia migratoria.
El Gobierno de Trump sostiene que las operaciones forman parte de su política de control migratorio y deportación de personas que se encuentran ilegalmente en el país. Sus críticos cuestionan las tácticas empleadas durante los operativos y reclaman mayor transparencia sobre el uso de la fuerza.
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