El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, pidió este miércoles a los países latinoamericanos que participan en la Coalición de las Américas contra los Cárteles que abandonen la Corte Penal Internacional (CPI), en momentos en que Washington amplía sus operaciones militares contra presuntos narcotraficantes en el hemisferio.
Durante una reunión de la coalición en Panamá, Hegseth sostuvo que los países deben conservar la capacidad de emplear sus fuerzas armadas bajo sus propias leyes y constituciones.
También rechazó las críticas dirigidas contra las operaciones estadounidenses y defendió su legalidad bajo las normas aplicables a los conflictos armados.
La exhortación forma parte de una campaña de la Administración de Donald Trump para debilitar la CPI. Washington ha cuestionado al tribunal por sus investigaciones relacionadas con personal estadounidense y por las órdenes de arresto emitidas contra altos funcionarios israelíes.
"La izquierda internacional, junto con sus cómplices en los medios de izquierda, está conspirando para intentar imponer de manera ilegal la jurisdicción de la Corte Penal Internacional sobre el personal y las operaciones militares de los Estados Unidos y de nuestros socios", añadió Hegseth.
La administración Trump ha impuesto sanciones -con prohibición de viaje a Estados Unidos y congelación de activos en este país- a varios jueces y fiscales de la CPI, principalmente debido a sus investigaciones sobre Israel, uno de sus aliados clave.
Solo dos países han abandonado efectivamente la CPI
La situación de los Estados que se han apartado, o han anunciado su intención de hacerlo, requiere una precisión jurídica.
A julio de 2026, el registro de tratados de Naciones Unidas contabiliza 125 Estados parte del Estatuto de Roma, tratado que creó la CPI, y 137 signatarios.
Hasta ahora, solo Burundi y Filipinas han completado formalmente su salida de la Corte. Burundi dejó de ser Estado parte el 27 de octubre de 2017 y Filipinas el 17 de marzo de 2019.
Otros países han anunciado o iniciado procesos de retiro, pero todavía no han dejado jurídicamente el sistema.
Salidas anunciadas, pero todavía no efectivas
Niger, Burkina Faso y Malí notificaron su retiro del Estatuto de Roma en junio de 2026. Sus salidas están previstas para el 18 y 24 de junio de 2027, respectivamente.
Venezuela notificó a Naciones Unidas el 24 de julio de 2026 su decisión de retirarse. Conforme al Estatuto de Roma, la salida será efectiva un año después, el 24 de julio de 2027.
Chad también notificó su retiro el 27 de julio y, de acuerdo con el procedimiento establecido, su salida está prevista para el 27 de julio de 2027.
El caso de Hungría es diferente. Budapest había anunciado su retiro en 2025, pero el nuevo Gobierno revocó el procedimiento en mayo de 2026. Naciones Unidas registró el 29 de mayo la retirada de la propia notificación de salida, por lo que Hungría continúa siendo Estado parte.
El artículo 127 del Estatuto de Roma establece que un retiro entra en vigor, como regla general, un año después de que Naciones Unidas recibe la notificación. Además, la salida no elimina las obligaciones relacionadas con investigaciones o procedimientos iniciados antes de que el retiro sea efectivo.
Países que nunca llegaron a ser Estados parte
Entre los Estados que firmaron, pero no ratificaron se encuentran Argelia, Angola, Bahamas, Baréin, Camerún, Egipto, Eritrea, Guinea-Bisáu, Haití, Irán, Israel, Jamaica, Kuwait, Kirguistán, Mónaco, Marruecos, Mozambique, Omán, Rusia, Santo Tomé y Príncipe, Islas Salomón, Sudán, Siria, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Uzbekistán, Yemen y Zimbabue.
Entre los Estados que ni siquiera firmaron ni se adhirieron al Estatuto figuran Azerbaiyán, Bielorrusia, Bután, Brunéi, China, Cuba, Guinea Ecuatorial, Esuatini, Etiopía, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Corea del Norte, Laos, Líbano, Libia, Malasia, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Niue, Pakistán, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Catar, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Togo, Tonga, Turquía, Turkmenistán, Tuvalu, Ciudad del Vaticano y Vietnam.
Estados Unidos, Rusia e Israel no son Estados parte, pero los tres suscribieron el Estatuto de Roma y posteriormente no lo ratificaron o comunicaron que no tenían intención de convertirse en partes.
Colombia se incorpora a la coalición militar
La reunión celebrada en Panamá tuvo además un resultado concreto en materia de cooperación militar. Hegseth anunció la incorporación de Colombia a la coalición antidrogas y señaló que el nuevo Gobierno colombiano había autorizado operaciones militares conjuntas para combatir organizaciones calificadas por Washington como terroristas.
El encuentro se produce en un contexto de creciente participación militar estadounidense en operaciones contra el narcotráfico.
Los ataques estadounidenses contra embarcaciones señaladas como vinculadas al tráfico de drogas han causado más de 200 muertes desde septiembre pasado, mientras que una operación de fuerzas especiales en enero terminó con la salida del poder del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
Hegseth equiparó a los narcotraficantes con organizaciones como Al Qaeda y el Estado Islámico y presentó la lucha contra el narcotráfico y otras amenazas externas como parte de una estrategia de seguridad hemisférica de Washington.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respaldó el énfasis en la lucha contra el crimen transnacional y sostuvo que las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y personas representan una amenaza para la soberanía regional.
Contexto para República Dominicana
República Dominicana es Estado parte del Estatuto de Roma desde el 1 de agosto de 2005, por lo que la exhortación formulada en Panamá también tiene una dimensión directa para Santo Domingo. El país depositó su instrumento de ratificación el 12 de mayo de ese año.
El Gobierno dominicano ya ha participado en el esquema de cooperación de seguridad impulsado por Washington. Acento.com.do informó sobre la participación dominicana en la estrategia estadounidense contra los cárteles y sobre la autorización para que Estados Unidos utilizara áreas de dos aeropuertos dominicanos como apoyo logístico a su despliegue antidrogas. Acento.com.do: autorización de aeropuertos dominicanos para operaciones antidrogas de EE. UU.
La nueva petición de Hegseth abre, por tanto, una cuestión distinta para los países latinoamericanos que son miembros de la CPI: hasta dónde están dispuestos a profundizar la cooperación militar con Washington sin apartarse de sus compromisos jurídicos internacionales.
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