El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una demanda contra la Universidad de Harvard tras acusarla de negarse a entregar documentos relacionados con sus procesos de admisión, en medio de una investigación federal para determinar si la institución incurre en prácticas discriminatorias por motivos de raza.
De acuerdo con la información publicada por Univision Noticias, la acción legal forma parte de los esfuerzos del Gobierno federal para revisar el uso de criterios raciales en universidades que reciben fondos públicos, luego de que el Tribunal Supremo prohibiera en 2023 la acción afirmativa basada en raza en los procesos de admisión universitaria.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó en la red social X que el Departamento de Justicia exigirá mayor transparencia a las instituciones educativas. “Bajo el liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia exige más de las instituciones educativas de nuestro país. Harvard no ha revelado los datos que necesitamos para garantizar que sus admisiones estén libres de discriminación. Seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima”, expresó.
Por su parte, la fiscal general adjunta de Derechos Civiles del DOJ, Harmeet Dhillon, sostuvo también en X que el Gobierno tiene la responsabilidad de examinar la documentación de las universidades que reciben financiamiento federal. “Es deber de Estados Unidos revisar los datos y documentos de las universidades financiadas con fondos federales para garantizar que los solicitantes no sean objeto de discriminación. Bajo el liderazgo de @POTUS, @TheJusticeDept no permitirá que Harvard bloquee el acceso a estos materiales. ¡Nos vemos en el tribunal!”.
La demanda busca obligar a Harvard a entregar los registros solicitados por el Gobierno, en el marco de una investigación que procura determinar si la universidad continúa aplicando criterios que pudieran favorecer o perjudicar a aspirantes en función de su raza, pese al fallo del Supremo.
Hasta el momento, la Universidad de Harvard no ha ofrecido detalles públicos adicionales sobre los documentos requeridos, aunque el caso anticipa una nueva batalla legal entre el Gobierno federal y una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, en un debate que vuelve a colocar en el centro la discusión sobre mérito, igualdad de oportunidades y el alcance de la supervisión federal en la educación superior.
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