Cada minuto que pasa bajo los escombros puede ser el último. Sin embargo, el gobierno colombiano del presidente Abelardo de la Espriella, en funciones desde hace apenas días, ha optado por rechazar o ignorar los ofrecimientos de personal especializado en rescate que llegaron de múltiples países y organismos internacionales tras el devastador terremoto del lunes, de magnitud 7,4, que golpeó ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó y ya suma más de 200 muertos.
La imagen es paradójica: mientras equipos de rescate de México, Chile, El Salvador, Brasil y otros países permanecen en alerta máxima esperando luz verde de Bogotá, en las zonas afectadas no se observa un solo rescatista internacional trabajando entre los escombros.
Un gobierno que aprende sobre la marcha
La confusión tiene raíces concretas. De la Espriella, abogado de ultraderecha que asumió el poder el viernes pasado en una ceremonia celebrada precisamente en Cali —una de las ciudades más golpeadas—, no ha designado aún a los responsables de varias entidades clave para la gestión de desastres. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), organismo que por ley debe coordinar la ayuda internacional, recién nombraría este martes a su nuevo director, el ingeniero geólogo David Suárez Tamayo.
A eso se suma la ruptura del empalme con el gobierno saliente de Gustavo Petro, lo que dejó a la nueva administración sin los protocolos operativos necesarios para activar los mecanismos de cooperación internacional. "Como no hicieron empalme, están pagando las consecuencias", señaló a El País un exfuncionario que prefirió no ser identificado.
La internacionalista Sandra Borda, quien conoce el sistema desde adentro, lo describe como "complicado y centralizado": el Gobierno nacional debe formular las necesidades, elaborar una lista y transmitirla a través de la Cancillería a los países donantes. "El Gobierno está aprendiendo sobre la marcha cómo funciona el mecanismo", advirtió.
El desconcierto llega hasta la ONU y los aliados ideológicos
Uno de los primeros en alertar públicamente sobre el desorden fue el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, quien pidió con urgencia que Colombia designara un funcionario de enlace para canalizar la asistencia internacional. El reclamo fue llamativo: China es un país con el que De la Espriella ha marcado distancia, al orientar su política exterior hacia Washington.
Pero el desconcierto no vino solo de los adversarios ideológicos. El propio Nayib Bukele, presidente de El Salvador y referente político del nuevo mandatario colombiano, confirmó que Bogotá rechazó el envío de personal de rescate. "Nos han informado que sus equipos de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal", escribió Bukele en sus redes sociales, anunciando en cambio el envío de dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum —ideológicamente distante de De la Espriella—, informó que tiene listo un equipo especializado en rescates sísmicos, con amplia experiencia tras los terremotos que han sacudido a ese país. "Estamos esperando la solicitud formal del Gobierno de Colombia, pero estamos listos para el momento que nos digan poder ir a ayudar", declaró. Una oferta similar realizó el presidente de Chile, José Antonio Kast, país con vasta experiencia en emergencias sísmicas.
Mandatarios de distintas orientaciones políticas —el brasileño Lula da Silva, el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el español Pedro Sánchez— se sumaron a los ofrecimientos. Ninguno fue aceptado públicamente más allá de un agradecimiento protocolario.
La excepción: Estados Unidos
La única ayuda de personal que Colombia sí aceptó provino de Estados Unidos. Washington anunció 15,5 millones de dólares en asistencia y activó un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) que llegó al país este martes para apoyar la coordinación de la respuesta. La sintonía política entre De la Espriella y la administración de Donald Trump explica, al menos en parte, la excepción.
La ONU, por su parte, emitió un mensaje de cautela. El secretario general António Guterres indicó que las Naciones Unidas "se mantienen en estrecho contacto con las autoridades colombianas y apoyan la respuesta liderada por el Gobierno, como solicitado", luego de que Bogotá emitiera una nota verbal con solicitudes muy específicas de insumos —no de personal— a la comunidad internacional.
El costo político y humano de la improvisación
La gestión de la crisis expone las tensiones propias de un gobierno que llega al poder sin transición ordenada, en medio de una catástrofe que no espera. Fuentes del alto gobierno aseguran que son pocas las personas aún por rescatar y que equipos de otras ciudades colombianas ya están en camino. Pero esa versión contrasta con las imágenes que llegan desde Cali, Pereira y Quibdó, donde las labores de búsqueda continúan entre los escombros.
Lo que queda en evidencia es una paradoja difícil de sostener ante la opinión pública: un país con más de 200 muertos, ciudades destruidas y capacidades desbordadas que, por razones burocráticas, ideológicas o de inexperiencia, le dice no a quienes están listos para ayudar a salvar vidas.
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