Venezuela afirma que no hay miembros del Tren de Aragua entre deportados de EE. UU.; Trump lo rechaza

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este 21 de marzo que los migrantes venezolanos deportados a El Salvador pasaron por un proceso “riguroso” para verificar su vínculo con la banda el Tren de Aragua. En contraste, el ministro del Interior venezolano aseguró que ninguno de los deportados hace parte del grupo criminal transnacional. Crece la disputa judicial por la falta de claridad en las deportaciones masivas desde Estados Unidos.

Continúan las preguntas en torno a la deportación a El Salvador de migrantes venezolanos que estaban detenidos en Estados Unidos. 

Este viernes 21 de marzo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las personas que habían sido deportadas, y posteriormente encarceladas, en el país centroamericano pasaron por un proceso “muy riguroso” para verificar si sí eran parte de la banda de crimen transnacional Tren de Aragua. 

"Me dijeron que pasaron por un proceso de revisión muy riguroso y que eso continuará en El Salvador", aseguró el mandatario estadounidense desde la Oficina Oval.  

Es la respuesta del magnate a las denuncias y peticiones de allegados y abogados de algunos de los más de 200 deportados, quienes aseguran que los migrantes no eran parte de una organización criminal, no tenían antecedentes penales y que fueron detenidos por sus tatuajes. 

"Si hay algo así, por supuesto que queremos saberlo", agregó Trump sobre esos cuestionamientos, ya que su Administración no quiere “cometer ese tipo de error”. 

En paralelo, también este viernes, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que ninguno de los deportados a El Salvador tenía relación con el Tren de Aragua.  

"Creo con absoluta responsabilidad que ni uno solo (de los nombres de la lista) aparece en el organigrama de la extinta organización Tren de Aragua , ni uno solo", puntualizó el funcionario.

Cabello hizo esta declaración citando una lista de nombres divulgada por Estados Unidos y una de sus propias fuentes, durante un podcast compartido en su canal de Telegram. 

El sábado, Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros -un recurso que no se usaba desde la Segunda Guerra Mundial- para deportar a personas que, según su Gobierno, pertenecían a la banda de crímen organizado mencionada anteriormente, tras declarar al grupo como una organización terrorista y enemigo extranjero.

A pesar de que el juez federal James Boasberg bloqueó la medida, la Administración del republicano llevó a cabo la deportación, desatando un debate judicial tras desafiar la decisión del juez. 

Rendición de cuentas

Boasberg realizará una audiencia este viernes para decidir si mantiene el bloqueo -ignorado por Trump- de la ley y considerará si los funcionarios estadounidenses violaron la orden. 

De esta manera, los abogados de la Administración y de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, que presentó una demanda en nombre de algunos de los migrantes en un intento de bloquear la deportación, presentarán sus casos ante el juez federal con sede en Washington hoy. 

La disputa judicial entre Boasberg y el Gobierno de Trump ha generado preocupación por una posible crisis constitucional en torno a si la Administración estadounidense desafía las decisiones judiciales, entre las críticos del republicano y algunos expertos legales.

Así pues, Boasberg le ha ordenado a los funcionarios del Departamento de Justicia que expliquen el próximo martes por qué el Tribunal no debería encontrar que violaron la orden del 15 de marzo al no devolver los dos aviones que transportaban a los migrantes. 

De acuerdo a la Constitución estadounidense, el poder ejecutivo y el judicial son ramas de gobierno co-iguales, que, junto con el Congreso, conforman un sistema diseñado para establecer controles y equilibrios entre los tres.

¿Secreto de Estado? 

Mientras la tensión judicial crece, los líderes del Gobierno de Trump están debatiendo si invocar o no un “privilegio de secretos de Estado”, una forma de dar respuesta a la presión para dar la información detallada de las deportaciones, tal y como informó un funcionario del Departamento de Justicia. 

Dicho eso, el fiscal general adjunto Todd Blanche aseguró en un expediente judicial que se están llevando a cabo "discusiones en curso a nivel de gabinete" sobre la solicitud de más información del juez Boasberg. 

La Administración republicana ha calificado la solicitud del juez federal como “pesca judicial innecesaria”, mientras que Boasberg ha desestimado su respuesta como “lamentablemente insuficiente”.