Un juez federal bloqueó temporalmente este sábado 15 de marzo el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente Donald Trump para acelerar la deportación de migrantes que, asegura, forman parte del Tren de Aragua, una banda criminal de origen venezolano y que extendió su presencia y operaciones en al menos nueve países del continente.
Un juez federal bloqueó temporalmente el sábado 15 de marzo cualquier posible deportación de presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua que se pretenda ejecutar usando como base legal una ley de tiempos de guerra poco utilizada para acelerar la expulsión.
Este mismo sábado, el presidente Donald Trump invocó los poderes otorgados por una ley creada en el siglo XVIII para acelerar la deportación de migrantes señalados de integrar la banda criminal transnacional Tren de Aragua.
El mandatario estadounidense dijo, además, que Estados Unidos se enfrentaba a una invasión de criminales de ese grupo, originado en una prisión venezolana, pero que con el éxodo masivo de venezolanos en la última década, ha extendido su presencia y operaciones en al menos nueve países del continente.
Pero, horas después, el juez James Boasberg emitió una orden de restricción temporal vigente por 14 días. Boasberg afirmó que la ley "no fundamenta la proclamación del presidente, dado que los términos invasión e incursión depredadora se refieren en realidad a actos hostiles perpetrados por cualquier nación y comparables a una guerra".
El Tren de Aragua ha sido vinculada con el secuestro, tráfico de drogas, la extorsión, el crimen organizado y el asesinato a sueldo.
Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, Trump dijo que los miembros de la pandilla estaban "llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos" con el objetivo de desestabilizar el país.
La ley, que solo se ha utilizado en tiempos de guerra, podría permitir al presidente eludir los derechos del debido proceso de los migrantes catalogados como amenazas y deportarlos de manera rápida.
El mismo juez había frenado de manera temporal la deportación de cinco venezolanos luego de que dos grupos sin fines de lucro demandaran diciendo que la invocación de la ley es ilegal, debido a que solo ha sido "un poder invocado en tiempos de guerra y, claramente, solo se aplica a acciones bélicas".
La Ley de Enemigos Extranjeros es más conocida por su uso para justificar los campos de internamiento para personas de ascendencia japonesa, alemana e italiana durante la Segunda Guerra Mundial. Grupos y activistas por los derechos civiles y algunos políticos demócratas han criticado la idea de revivirla para impulsar deportaciones masivas prometidas por Trump durante su campaña y aceleradas en las primeras horas de su mandato.
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Críticos cuestionan que las políticas migratorias del presidente estadounidense no distinguen entre migrantes con procesos migratorios legítimos en espera de respuesta, solicitantes de asilo, infractores de migración y —finalmente— criminales y miembros de grupos armados viviendo ilegalmente en Estados Unidos. La medida probablemente desencadene desafíos legales y más demandas en tribunales.
Según la proclamación de Trump, todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean considerados miembros de la pandilla, se encuentren en Estados Unidos y no sean naturalizados o residentes permanentes legales del país "están sujetos a ser detenidos, restringidos, asegurados y expulsados como enemigos extranjeros".
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El presidente estadounidense hizo campaña sobre una plataforma de endurecimiento de las políticas migratorias y un feroz discurso antiinmigración, prometiendo deportaciones masivas y culpando a los migrantes de un supuesto incremento en la violencia y delitos en Estados Unidos. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump puso en marcha lo que denominó la “operación de deportaciones masivas más grande” en la historia del país.
La Administración ha incrementado las redadas y detenciones indiscriminadas a lo largo de todo el territorio. Según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), al menos 32.000 migrantes han sido detenidos desde la toma de posesión del presidente Trump. Pero cerca del 23% de las detenciones, unas 9.000, corresponden a migrantes legales, sin récord criminal, o en espera de procesos, audiencias y respuestas a solicitudes de residencia y asilo. ICE llama a estas detenciones “daños colaterales”.
El 29 de enero, Trump firmó la Ley Laken Riley, en honor a una estudiante de enfermería de la Universidad de Georgia, que fue brutalmente asesinada por un migrante venezolano en Atenas, Georgia, que había ingresado ilegalmente por la frontera en septiembre de 2022, pero que tenía una solicitud de detención tras un arresto por hurto —considerado un delito menor— en el estado de Nueva York.
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La Ley Laken Riley, permite a los servicios de Seguridad Nacional y de Migración detener a migrantes indocumentados o irregulares que estén acusados o que hayan confesado o sido condenados por delitos menores, relacionados con el hurto o robo, además de asalto a funcionarios del orden público, o por acciones que resulten en la muerte o lesiones corporales graves, como el homicidio involuntario por conducir bajo los efectos del alcohol.
Al momento de su promulgación, críticos, entre los que se cuentan miembros del Partido Demócrata, cuestionaron que la ley no pasó por todos los procesos en Comités y Cámara baja del Congreso y que algunas de las provisiones abolían de facto la presunción de inocencia, habilitando al Gobierno federal y sus agencias deportar migrantes sin que mediara un proceso judicial.
En febrero, la Administración Trump designó al Tren de Aragua, junto al Cártel de Sinaloa, la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco “nueva generación” (CJNG), el cártel del Noreste (CDN), la nueva familia michoacana (LNFM), el cártel de Golfo (CDG) y “Cárteles Unidos” (CU) como organizaciones terroristas extranjeras (Foreign Terrorist Organizations, FTO).
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Trump ha tomado una serie de medidas para acelerar la aplicación de las leyes de inmigración, enviando tropas adicionales a la frontera entre Estados Unidos y México, al que ha culpado de no hacer mucho para detener la “invasión” de migrantes y de facilitar —además— el ingreso de fentanilo. También ha enviado al menos 300 migrantes a la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, y reasignado agentes federales para ayudar a rastrear a los infractores de inmigración, pero su Administración ha tenido que lidiar con tribunales de inmigración saturados y espacios de detención limitados.
El sábado, la agencia Associated Press informó, citando un memorando interno, que el Gobierno de Estados Unidos pagará 6 millones de dólares a El Salvador por encarcelar durante un año a 300 presuntos miembros de la banda venezolana.
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