Un tribunal de Guatemala ordenó este lunes 2 de junio la detención de la fiscal general de Colombia y del exministro de ese país Iván Velásquez, informó la Fiscalía al acusarlos de supuesta corrupción a favor de la empresa brasileña Odebrecht. Ambos abogados formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), órgano que desmanteló más de un centenar de estructuras de corrupción en ese país.
Una Sala de Apelaciones de Guatemala solicitó este lunes 2 de junio la detención de los abogados colombianos y exmiembros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo, fiscal general del país suramericano.
Tanto Camargo como Velásquez fueron miembros de la Cicig, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala.
La Cicig, bajo el mando de Velásquez y con la participación de Camargo, desmanteló entre 2014 y 2019 más de un centenar de estructuras de corrupción dentro del Estado, en su mayoría comandadas por políticos, empresarios y funcionarios.
El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, afirmó este lunes que Velásquez "favoreció a los empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3.000 millones de quetzales (unos 400 millones de dólares)".
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reacción expresando un profundo rechazo y aseguro que esa acción carece de "sustento jurídico".
"Esta acción, que carece de sustento jurídico, constituye un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales", indicó la Cancillería.
Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por "corrupto", afirmó que los dos colombianos incurrieron en "delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión".
Velásquez fue jefe de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de 2013 a 2019, mientras que Camargo fue jefa de investigación y litigio de esa entidad entre 2014 y 2017. Ambos gozan de inmunidad por ser una entidad patrocinada por la ONU.
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La Cicig fue creada en 2007 para desmantelar estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco y fue cancelada unilateralmente por el entonces presidente derechista guatemalteco Jimmy Morales en 2019.
Valásquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, criticó en su cuenta de X la acusación de Curruchiche y expresó su "solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio".
Por pedido de la Fiscalía, el tribunal también ordenó el arresto de la exfiscal guatemalteca Thelma Aldana y otros cinco exfiscales en el exilio. No es la primera vez que la fiscalía del país centroamericano intenta abrir causas contra Velásquez. Ya lo hizo infructuosamente en 2023.
Estas acusaciones se suman a otras causas judiciales contra exfuncionarios de Cicig y contra fiscales guatemaltecos que trataron de investigar actuaciones de la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras.
Estados Unidos y la Unión Europea mantienen sus sanciones a Porras y Curruchiche por "corruptos" y "antidemocráticos".
Con AFP
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