México: el oficialismo se encamina a controlar la Suprema Corte tras las elecciones judiciales

Según los resultados preliminares de los inéditos comicios en México para elegir los jueces del país en las urnas, celebrados el pasado domingo 1 de junio, la mayoría de magistrados que encabezan los resultados tienen fuertes vínculos o afinidad ideológica con el partido gobernante, Morena.

Aunque faltan varios días para que culmine el conteo de sufragios de las elecciones judiciales en México, para el caso de los magistrados en la Suprema Corte, más del 85 % de los votos ya han sido escrutados y dejan ver una tendencia: el oficialismo se encamina a controlar el alto tribunal.

La mayoría de los nueve jueces que encabezan los resultados tiene fuertes vínculos o afinidad ideológica con el partido gobernante, Morena. De confirmarse los resultados, se cerraría una etapa de relativo equilibrio entre los jueces que hizo que la corte fuera vista como motor de muchos avances en derechos.

Tendrá que pasar al menos una semana hasta que se cuenten todos los votos de los 2.600 cargos que estaban en juego en estos inéditos —y polémicos— comicios que, aunque solo tuvieron un 13% de participación, reconfigurarán por completo la judicatura del país, ahora definida por el voto popular en lugar de por los méritos y experiencia de sus integrantes.

“Estamos observando una tendencia de poder prácticamente absoluto de parte de un grupo”

Los académicos temen que este cambio, promovido por el oficialismo, socave los equilibrios y contrapesos entre los tres poderes del Estado, básicos en toda democracia, sin solucionar los principales problemas de corrupción y acceso a la justicia que tiene el país. La razón: que todo apunta a que Morena, el partido de la presidenta y con mayoría absoluta parlamentaria, podría hacerse también con el control indirecto del Poder Judicial.

“Estamos observando una tendencia de poder prácticamente absoluto de parte de un grupo”, alertó Georgina de la Fuente, politóloga de Strategia Electoral, una consultoría de gobierno y temas electorales.

La mandataria, Claudia Sheinbaum, niega cualquier atisbo de autoritarismo. Consideró un éxito las votaciones —pese a la baja participación— y no ha tenido problema en asegurar que “México es el país más democrático del mundo”.

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Un abogado indígena, el más votado

El candidato a la Suprema Corte más votado, pese a todo pronóstico, es un abogado indígena hasta ahora desconocido, Hugo Aguilar, que incluso podría convertirse en su presidente. Le siguen tres magistradas nombradas durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que fueron las únicas en el cargo que quisieron participar en el nuevo sistema para reelegirse.

El resto de los actuales jueces, incluidos dos nominados por el expresidente, renunciaron a finales de año en protesta por la reforma judicial, ceses que se harán efectivos en septiembre, cuando asuma la nueva Corte. 

La renuncia casi en bloque fue una muestra más de la enorme controversia que provocó la reforma, que suscitó fuertes protestas en las calles, paros laborales, preocupaciones financieras e incluso las críticas de países socios como Estados Unidos y Canadá que veían peligrar la seguridad jurídica de sus empresas. 

El sistema que había hasta ahora para seleccionar a la Suprema Corte hacía que los ministros fueran elegidos en administraciones diferentes, lo que garantizaba cierta pluralidad de opiniones. 

De hecho, en los últimos años, este tribunal fue elogiado por avanzar en derechos como la despenalización el aborto o la marihuana y por frenar leyes inconstitucionales, como algunas relativas a temas energéticos o de militarización del país propuestas por López Obrador, lo que enfureció al exmandatario y fue uno de los motivos de su apuesta por reformar radicalmente toda la judicatura, a la que consideraba muy corrupta.

La nueva Corte tendrá 9 miembros en lugar de los 11 actuales, con mandatos de 12 años en lugar de 15, no controlará su presupuesto y verá limitado su poder para tomar decisiones con efectos generales.

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Las previsibles caras del alto tribunal

Con más del 85% de los votos contados, estos serían los candidatos que se convertirían en ministros:

• Hugo Aguilar Ortíz: Abogado indígena mixteca originario de Oaxaca, ha defendido durante décadas temas indígenas y agrarios y participó en recientes reformas constitucionales aprobadas por todos los partidos. Desde que llegó López Obrador al poder trabaja para una entidad oficial de derechos indígenas que ha apoyado controvertidos megaproyectos. Aspira a emular a Benito Juárez que, antes de ser el primer presidente indígena de México, lideró la Suprema Corte a mediados del siglo XIX.

• Lenia Batres: es la magistrada de mayor perfil político. Fue diputada por el PRD — el partido del que surgió Morena— y posteriormente tuvo varios puestos en gobiernos sucesivos de la Ciudad de México desde que el alcalde era Andrés Manuel López Obrador hasta que la capital estuvo gobernada por la hoy presidenta. Fue propuesta por López Obrador para la Corte en diciembre de 2023, cuando el exministro Arturo Zaldívar se retiró para unirse al proyecto político de Sheinbaum.

• Yasmin Esquivel: Fue el primer nombramiento de la Administración de López Obrador, en 2019. Especialista en temas de género, durante su campaña apostó por modernizar el sistema de justicia. Fue el centro de una fuerte polémica desde finales de 2022 cuando fue acusada de copiar su tesis. Ella siempre lo negó, pero la UNAM confirmó que existió plagio.

• Loreta Ortíz: También fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015. Posteriormente desempeñó diversos cargos jurídicos en distintas instituciones desde la Secretaría de Relaciones Exteriores al Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Consejo de la Judicatura Federal. En 2018 dejó su militancia en el partido. Es ministra de la Corte desde diciembre de 2021. 

• María Estela Ríos González: La abogada fue asesora jurídica de López Obrador, primero como alcalde capitalino y luego como presidente. Tiene una larga trayectoria como servidora pública y trabajó en derecho laboral y en temas indígenas.

• Giovanni Figueroa Mejía: Abogado del estado de Nayarit, en el Pacífico, con un doctorado en Derecho Constitucional. Ha trabajado en temas de derechos humanos y actualmente es académico en la Universidad Iberoamericana. Aunque no tiene una afiliación partidista clara, apoyó la reforma judicial impulsada por Morena y ha dicho que algunos de sus trabajos fueron citados para justificarla.

• Irving Espinoza Betanzo: Actual magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad de México, trabajó anteriormente como asesor parlamentario de Morena. Durante su campaña habló de la necesidad de eliminar el nepotismo y la corrupción —principales argumentos del oficialismo— y de impulsar los derechos humanos.

• Aristides Rodrigo Guerrero García: Este profesor de la UNAM durante más de una década se hizo viral como el “ministro chicharrón” por un video en el que salía preparando este popular platillo mexicano. Dirigió en 2021 el Instituto de Transparencia de Ciudad de México y también trabajó en el tribunal electoral capitalino. 

• Sara Irene Herrerías: Es una penalista vinculada a la fiscalía federal desde 2009, entidad que solo abandonó por cortos periodos para ocupar puestos en la procuraduría especial de atención a víctimas y en Gobernación, siempre en temas derechos humanos. Actualmente es la fiscal especializada en este rubro. Ha participado en delicadas investigaciones sobre delitos contra migrantes y, tangencialmente, en el caso de los 43 estudiantes de magisterio desaparecidos en 2014.