La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó enérgicamente las sanciones impuestas por el Gobierno de EE. UU. el viernes 9 de octubre, horas después de que la jueza Navi Pillay, exintegrante de ese tribunal, ganara el Premio Nobel de la Paz.
"Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la misión para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional", afirmó la CPI en un comunicado, en el que instó a sus Estados miembros a garantizar la continuidad del organismo.
"El Tribunal no puede sostenerse por sí solo. Su destino ahora también está en manos de los Estados que lo crearon… No se trata solo de defender una institución, sino de salvaguardar el orden internacional basado en el estado de derecho", se lee en el comunicado, que recuerda que 13 jueces y fiscales ya han sido afectados por los castigos de Washington.
A pesar del anuncio, "la Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en aras de las innumerables víctimas de crímenes graves", en palabras de la presidenta de la CPI, Tomoko Akane.
Las sanciones estadounidenses suelen prohibir a las empresas con sede en Estados Unidos cualquier tipo de cooperación con una organización o persona sancionada, lo que obliga a los bancos a cerrar cuentas, a las aseguradoras a cancelar la cobertura o a las empresas de software a cesar la cooperación.
"Desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo"
Aunque la administración Trump ya ha castigado a fiscales y jueces de la CPI, la medida del viernes iría mucho más allá, al poder afectar a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.
"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar", declaró el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un comunicado, en el que argumentó que "el presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses".
Washington ha denunciado a la CPI por las órdenes de arresto emitidas contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación que ya fue cerrada sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán.
Netanyahu agradeció a Trump por la imposición de sanciones contra la Corte. "La CPI no es un tribunal, es un organismo político que representa una amenaza mortal para las democracias que respetan el derecho internacional en todo el mundo y para la propia idea de soberanía nacional", señaló en redes sociales la oficina del primer ministro israelí.
El tribunal internacional cuenta con 125 países miembros, incluidos todos los Estados de la UE y de la OTAN, a excepción de Estados Unidos y Turquía. Rubio exhortó a los países miembros del tribunal a que "pongan freno a la Corte", de lo contrario "Estados Unidos continuará su campaña para desmantelar la CPI, ladrillo a ladrillo".
La falta de adhesión estadounidense no excluye automáticamente la jurisdicción de la Corte sobre presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado que sí está sujeto a ella.
La CPI ha recibido un fuerte respaldo público en el pasado por parte de los países miembros, incluidos importantes aliados de Estados Unidos.
El tribunal, fundado en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, ha imputado públicamente a más de 70 personas, entre ellas líderes mundiales y figuras clave en conflictos globales. Además de Netanyahu, ha solicitado la detención de miembros de Hamás. Entre los imputados también se encuentran el presidente ruso, Vladimir Putin, el expresidente sudanés Omar al-Bashir, y el exlíder libio Muamar Gadafi.
Respaldo mundial a la CPI
"Estas sanciones, las últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por el trabajo que realizan a diario para promover la rendición de cuentas por las peores violaciones de los derechos humanos, son inaceptables", condenó este viernes el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk.
Entretanto, los ministros de Asuntos Exteriores de Canadá, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Japón, Países Bajos y el Reino Unido emitieron este viernes una declaración conjunta para respaldar la Corte Penal Internacional (CPI) en la que advertían que las sanciones estadounidenses "tendrán un impacto significativo en la labor del Tribunal, en su personal especializado y en sus familias".
Previamente, la Comisión Europea se mostró dispuesta a tomar todas las medidas necesarias para que la CPI pueda continuar con su labor. En ese sentido, Bélgica pidió la activación del estatuto de bloqueo de la UE para proteger al tribunal, según anunció el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prevot.
El estatuto de bloqueo de la UE puede impedir que ciertas decisiones estadounidenses surtan efecto en territorio europeo e incluso prohibir que empresas europeas acaten determinadas sanciones de Washington, según explica la Comisión Europea.
Tanto la UE como Países Bajos afirmaron que aún veían "margen para el diálogo", dado que existe un plazo de seis meses antes de que se apliquen las sanciones. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se mostró confiado en la posibilidad de alcanzar "una solución diplomática".
La decisión de la Casa Blanca también ha sido criticada al interior de Estados Unidos por funcionarios como la senadora demócrata Jeanne Shaheen: "Lamentable y miope. En lugar de bajar los precios para los estadounidenses, la administración Trump está aislando aún más a Estados Unidos y dificultando que los responsables de atrocidades cometidas contra las víctimas en lugares como Ucrania y Darfur rindan cuentas ante la justicia".
Con información de Reuters, EFE y AP.
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