La jueza federal Amy Berman Jackson, del distrito de Columbia, dictó el sábado un fallo que restituye en el cargo a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina del Asesor Legal Especial, que recibe e investiga denuncias de irregularidades en el gobierno de Estados Unidos, acusaciones de represalias contra denunciantes y protege a informantes. Dellinger fue despedido el 7 de febrero sin causa.
Una jueza federal ha declarado ilegal el despido por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, del jefe de la Oficina del Asesor Legal Especial, Hampton Dellinger y ordenó el sábado su restitución en el cargo, instando a la Casa Blanca a respetar su autoridad y prohibiendo tomar cualquier acción para “tratarlo de cualquier manera como si hubiera sido destituido” o interferir de otro modo con su trabajo.
La Oficina del Asesor Legal Especial se encarga de proteger a denunciantes (whistleblowers), además de investigar irregularidades en el gobierno federal, así como acusaciones de represalias contra informantes.
Dellinger, designado en 2024 por el presidente Joe Biden y confirmado por el Senado para ejercer el cargo durante cinco años, fue despedido el pasado 7 de febrero por la Casa Blanca, sin mencionar la causa. La jueza Berman consideró que las circunstancias del despido violaban la ley. El Departamento de Justicia presentó de inmediato una apelación y se prevé que el caso sea decidido en la Corte Suprema.
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En un dictamen de 67 páginas, Berman explicó que si bien el presidente dispone de razones legales específicas para despedir al director de la agencia, "el breve correo electrónico de la Casa Blanca" informándole "que había sido despedido no contenía ninguna razón".
Además, rechazó el argumento de la Casa Blanca de que las restricciones que impedían al presidente despedir al funcionario eran inconstitucionales.
La jueza también consideró que la eliminación o supresión de los límites impuestos al presidente acabarían con la "independencia" de la agencia, que es esencial para su labor. Así mismo, consideró que permitir que Trump despida a Dellinger sin causa probable le daría "una licencia constitucional para intimidar a los funcionarios del poder ejecutivo para que hagan su voluntad".
“Es su independencia lo que lo habilita para supervisar la estructura, probada a lo largo del tiempo, que supuestamente impide que los funcionarios ejecutivos arrebaten puestos federales a individuos calificados y se los entreguen a aliados políticos, un sistema que el Congreso consideró intolerable hace más de un siglo”, escribió la jueza en su decisión.
“El puesto sería completamente ineficaz si el fiscal especial se viera obligado a operar con la espada de la destitución a voluntad sobre su cabeza… Sería irónico, por decir lo menos, y contrario a los fines perseguidos por el estatuto si el propio Fiscal Especial pudiera verse limitado en su trabajo por temor a una destitución arbitraria o partidista", escribió.
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Berman había dictaminado previamente que Dellinger podría permanecer en su puesto en espera de un fallo, pero el sábado ha decidido a favor de su restitución. La Corte Suprema se había negado a bloquear la restitución temporal ordenada por Berman, expresando que esperaría por la decisión final de la jueza.
Dellinger dijo en un correo electrónico enviado a la agencia Reuters que está "agradecido de ver al tribunal confirmar la importancia y legalidad de las protecciones laborales que el Congreso otorgó" y agregó que sus "esfuerzos para proteger a los empleados federales en general, y a los denunciantes en particular, de un trato ilegal continuarán".
Con Reuters, AP, EFE y medios locales.
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