Investigación: en Camerún, las víctimas de las deportaciones de Trump enfrentan un destino incierto

"Bienvenidos al centro de acogida temporal para migrantes". En un barrio residencial de Yaundé, la capital camerunesa, un complejo gubernamental se ha transformado en un centro de recepción.

Tras altos muros de color ocre, unas veinte personas conviven en dormitorios austeros, equipados con literas.

Pocos días después de su llegada, Barbara* lucha por orientarse. "Me siento fatal. No tengo familia aquí, no conozco a nadie y la mayoría habla francés", dice, angustiada, en inglés.

Perseguida en su país de origen, Etiopía, la joven había huido a Estados Unidos, donde esperaba comenzar una nueva vida. Pero en abril de este año y sin previo aviso, fue deportada por las autoridades estadounidenses a Camerún, un país completamente desconocido para ella.

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"Me subieron a un avión y aterricé aquí"

Barbara explica que abandonó su región natal de Tigray debido a la guerra entre las fuerzas regionales y el gobierno, que se cobró la vida de unas 600.000 personas entre 2020 y 2024.

A finales de 2024, viajó primero a Brasil y luego llegó a la frontera con Estados Unidos en autobús. Detenida por agentes de la patrulla fronteriza, fue enviada a un centro de detención del ICE en Louisiana. Unos meses después, obtuvo una "suspensión de la deportación" de un juez estadounidense, una protección que impide que una persona sea enviada de vuelta a su país de origen si corre el riesgo de ser perseguida allí.

A pesar de esta medida, Barbara permaneció retenida durante varios meses más, hasta la fatídica fecha del 28 de abril de 2026. "Vinieron policías a buscarme y me dijeron que tenía que volver a casa. Me quedé en shock. Me subieron a un avión y aterricé aquí" en Camerún, explica.

En el centro de acogida de Yaundé, los migrantes, procedentes de una decena de países africanos (Angola, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Senegal, Sierra Leona y Zimbabue), tienen historias similares.

Soraya* explica que huyó de Ghana después de que sus familiares descubrieran su orientación sexual. "En Accra, gente que conozco me busca; quieren matarme", dice la joven, alarmada. A ella también le habían concedido protección en Estados Unidos antes de ser deportada repentinamente en avión, sin previo aviso.

Un vacío en la ley de inmigración

Para obtener una suspensión de la deportación en Estados Unidos, una persona debe demostrar que tiene un riesgo superior al 50 % de ser perseguida en su país de origen por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opiniones políticas.

Sin embargo, esta protección, distinta del derecho de asilo, no prohíbe las expulsiones a otros países considerados "seguros", donde las personas no estarían expuestas a estos peligros y donde se respetarían sus derechos.

Esta laguna legal fue aprovechada por la administración Trump. El presidente estadounidense, quien prometió poner fin a lo que denominó una "invasión" migratoria, ha firmado en los últimos meses numerosos acuerdos bilaterales con terceros países. El objetivo: deportar a los migrantes que no pueden ser enviados directamente a sus países de origen y disuadir a quienes pudieran verse tentados a hacer lo mismo.

"Precisamente porque estas personas se benefician de la protección en Estados Unidos, son enviadas aquí –subraya el abogado camerunés Joseph Awah Fru, quien intenta ayudar a los migrantes en Yaundé–. Estados Unidos necesitaba empezar de cero".

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Acuerdos negociados en secreto

Se firmaron más de 35 de estos "acuerdos", la mayoría con países sudamericanos (México, Panamá, El Salvador y Costa Rica) y africanos (Camerún, Ghana, Sierra Leona, República Democrática del Congo, Eswatini, República Centroafricana y Guinea Ecuatorial), lo que provocó la deportación de más de 25.000 personas.

Si bien la Administración Trump está acelerando las deportaciones, persiste una considerable opacidad respecto al contenido de estos pactos. "La mayoría son acuerdos secretos que los gobiernos no han sometido a la aprobación del Parlamento. No hay ni visibilidad ni transparencia", explica Béatrice Njeri, abogada keniana y miembro de una coalición que defiende los derechos de los deportados.

"Se les mantiene en condiciones casi militares y se les trata como prisioneros. Suelen tener un acceso muy limitado a un abogado para informarse sobre sus opciones, porque los gobiernos quieren obligarlos a regresar a sus países de origen, a pesar del peligro", continúa la letrada.

En el caso de Camerún, el único documento divulgado públicamente que da fe del acuerdo es un intercambio de notas diplomáticas que tuvo lugar en diciembre y fue publicado en junio de 2026 por el Departamento de Estado de EE. UU. En él, ambas partes acuerdan "organizar el traslado, desde Estados Unidos a Camerún, de ciertos nacionales de terceros países".

Yaundé se compromete a tratar a estas personas de conformidad con sus "obligaciones jurídicas internacionales" y asegura que "no serán sometidas a persecución ni tortura en Camerún", ni en ningún país al que posteriormente pudieran ser trasladadas.

Los términos de este acuerdo siguen siendo un misterio. Según el New York Times, está vinculado a la presión financiera ejercida por Washington. Al parecer, Estados Unidos amenazó con suspender un pago de 30 millones de dólares destinado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Camerún, informó el periódico estadounidense a finales de marzo.

Esta suma finalmente se liberó el 9 de enero, según el sitio web del gobierno estadounidense, seis días antes de la salida del avión que transportaba a los primeros migrantes desde Louisiana. Las autoridades estadounidenses indican que estos fondos tienen como objetivo "facilitar las negociaciones relativas a los nacionales de terceros países".

Por su parte, ACNUR niega que estos fondos estén destinados al traslado de migrantes y afirma que las donaciones se "asignan y utilizan de acuerdo con su mandato".

Contactada por France 24, una fuente cercana al gobierno camerunés confirmó que se alcanzó un acuerdo con Estados Unidos, negociado por el propio presidente Paul Biya, antes de la llegada de los primeros deportados a Camerún. Un pacto alcanzado en estricta confidencialidad que busca mejorar las relaciones entre ambos países y fortalecer la cooperación en los sectores económico y de seguridad. La presidencia no respondió a nuestras consultas.

A finales de agosto, ambos países celebraron su primer diálogo económico y comercial en Yaundé. Estados Unidos anunció una inversión de 7.000 millones de dólares en Camerún en diversos sectores, como tecnología, minerales críticos, infraestructura y energía.

Deportados sin papeles

En Yaundé, los deportados explican que les confiscaron toda su documentación, principalmente sus pasaportes, que quedaron en poder de las autoridades estadounidenses al momento de su partida. "Cuando llegamos, no nos permitieron salir del centro; nos trataron como a criminales", explica Soraya, quien arribó en el primer vuelo a Camerún, el 15 de enero de 2026.

"Para protestar, decidimos hacer una huelga de hambre. Por eso, nos dijeron que nos proporcionarían documentos de identidad que nos permitirían movernos libremente. Pero solo nos dieron un papel con una validez de dos meses, para mostrarlo en caso de un control policial", continuó.

"Los migrantes tienen alojamiento y comida, pero no tienen dinero", explicó el abogado Joseph Awah Fru. "Pueden salir, pero las autoridades advirtieron que no se harían responsables si les sucediera algo. Su libertad está quebrantada", lamentó.

"Cuando uno no tiene sus documentos en un país, está obligado a restringir sus movimientos", explicó una fuente cercana al gobierno.

Durante varias semanas, el letrado ha realizado numerosas visitas al centro para intentar hacer valer los derechos de los migrantes. El 5 de agosto, Fru presentó una demanda en nombre de 36 migrantes deportados a Camerún entre enero y mayo de 2026 ante el Tribunal Administrativo de Yaundé. Está intentando suspender el acuerdo con Estados Unidos e impedir estas deportaciones, que considera sinónimo de riesgo de persecución y tortura.

"Desde el momento en que Camerún acepta acoger a estas personas en su territorio, tiene la responsabilidad de protegerlas como refugiadas", explica. Es una batalla que el abogado libra solo, y no sin dificultades.

Presión constante

Durante su primera visita al centro el 17 de febrero de 2026, Joseph Awa Fru, acompañado por cuatro periodistas, fue arrestado y detenido brevemente por la policía judicial, lo que exacerbó el clima de miedo entre los deportados, la mayoría de los cuales se niegan a tener contacto con los medios.

Durante su detención, los periodistas fueron obligados a borrar sus videos y la policía les advirtió que no debían seguir trabajando en esta historia. Una fuente cercana al gobierno afirma que se trató de "un incidente lamentable provocado por unos pocos policías demasiado celosos". "No hay ningún encubrimiento en este asunto", asegura.

Sin embargo, Camerún no respondió a nuestra solicitud de visa periodística, presentada como parte de esta investigación. Los testimonios de los deportados se recabaron de forma remota, ya que no pudimos viajar al centro.

La fuente cercana al gobierno también afirma que Camerún es "un país hospitalario" donde los deportados "reciben un buen trato". Añade que los migrantes recibieron visitas de varios funcionarios, incluidos representantes de los Ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores.

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También se reunieron con representantes de dos agencias de la ONU: ACNUR, que asiste a los refugiados, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esta última desempeña un papel fundamental con los residentes del centro, especialmente en la asistencia a quienes fueron deportados y deciden regresar a sus países de origen.

"Los representantes de la OIM no nos dicen que nos van a obligar a regresar a nuestros países, sino que pueden ayudarnos si así lo deseamos", explica uno de ellos. "Los representantes del gobierno, en cambio, nos dicen que tenemos que volver a nuestros países", continúa.

"Cuando alguien nos pide que lo devolvamos a su país de origen, solo lo hacemos después de brindarle apoyo personalizado y evaluar sus necesidades de protección", afirma la OIM, asegurando que esta decisión debe tomarse "libremente".

"Nuestro compromiso no constituye en modo alguno un respaldo a las decisiones que llevaron a la expulsión de estas personas", declaró su portavoz.

"Solo esperan a que nos derrumbemos"

A pesar de su difícil situación, Barbara y Soraya esperan, con la ayuda de su abogado, obtener asilo en Camerún. "He oído que aquí hay problemas de derechos humanos –se lamenta Barbara–. Pero si regreso a mi país, sé lo que pasará; no tengo otra opción".

"Aquí, nos despertamos y cada día es igual que el anterior –confiesa Soraya–. Tenemos que rogar por todo; solo esperan a que nos derrumbemos y aceptemos regresar. Pero la mayoría no podemos volver. Ese es también mi caso, aunque sé que Camerún no es más seguro para mí".

Paradójicamente, Soraya fue enviada a un país donde las leyes sobre la homosexualidad son aún más represivas que en su país de origen. Las relaciones homosexuales se castigan con hasta cinco años de prisión, en comparación con los tres años en Ghana.

Entre las primeras mujeres deportadas a Camerún se encontraban otras dos procedentes de Marruecos que, al igual que Soraya, habían obtenido protección en Estados Unidos debido a su orientación sexual. Decidieron regresar a su país de origen a pesar de los riesgos, optando por vivir clandestinamente en lugar de ser detenidas.

Gisèle, otra residente del centro, abandonó su solicitud de asilo en Camerún por motivos de salud. Esta víctima de la guerra entre la República Democrática del Congo y Ruanda, que padece una afección tiroidea, nunca pudo obtener su medicación en el centro de Yaundé, a pesar de sus reiteradas solicitudes.

Temiendo que su salud empeorara, la joven finalmente aceptó su deportación a la RDC, cinco meses después de llegar al centro.

*Los nombres se han cambiado a petición de las personas involucradas.