Dos agentes de origen hispano, Jesús ‘Jesse’ Ochoa y Raymundo Gutiérrez, fueron los hombres cuyos disparos acabaron con la vida de Alex Pretti, en medio de la operación Metro Surge, que la fuerza a la que pertenecen, la Patrulla Fronteriza (CBP), lleva a cabo desde diciembre en Minneapolis junto al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El portal de periodismo de investigación ProPublica, especializado en documentar abusos de poder, tuvo acceso a registros gubernamentales que incluyen los nombres de los oficiales, un dato que tanto CBP como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se habían negado reiteradamente a suministrar.
La muerte de Pretti, un enfermero de 37 años especializado en cuidados intensivos en un hospital de veteranos, se sumó a la Renee Goods, otra ciudadana estadounidense, también de 37 años, que al igual que él se oponía a las violentas redadas migratorias en Minneapolis.
Ambas muertes desataron una serie de protestas que visibilizaron el rechazo al accionar de las fuerzas antinmigración en las llamadas ciudades gemelas (Minneapolis y St. Paul) y obligaron a modificar el enfoque de las acciones de CBP y ICE.
También llevaron a la eliminación del cargo del polémico Gregory Bovino, que había liderado las operaciones en Los Ángeles, Chicago, Charlotte, Nueva Orleans y Minneapolis y reportaba de forma directa a la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem.
A diferencia del caso de Good, cuando se conoció de inmediato la identidad del agente de ICE Jonathan Ross (el hombre que le disparó tres veces a través de la ventanilla de su vehículo y que mostró su rostro inmediatamente después del hecho), los nombres de los atacantes de Pretti habían quedado en la sombra.
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¿Quiénes son los tiradores?
La investigación de ProPublica revela que se trata de hombres con amplia experiencia en la fuerza, ambos nacidos en el sur de Texas y asignados a la operación Metro Surge, por la que han llegado 3.000 agentes de ICE y CBP a Minnesota para realizar redadas migratorias.
Ochoa, de 43 años, trabaja para CBP desde 2018 como agente, mientras que Gutiérrez, de 35, se incorporó en 2014. De acuerdo con ProPublica, forma parte de un equipo de respuesta especial a cargo de operaciones de alto riesgo, como las que llevan a cabo las unidades SWAT, para la Oficina de Operaciones de Campo de CBP.
Ochoa, graduado en justicia penal en la Universidad de Texas Pan-American, ha sido por mucho tiempo residente del Valle del Río Grande, un área del sur de Texas que forma parte de la ribera norte del río Bravo, uno de los pasajes habituales de migrantes que entran a Estados Unidos a través de la frontera con México.
Por largo tiempo anheló entrar a formar parte de la Patrulla Fronteriza, precisamente la fuerza más activa para prevenir ese tipo de violaciones.
ProPublica informó que había contactado a la exesposa de Ochoa, quien comentó que el hombre se había hecho aficionado a las armas y que al momento de su separación ya poseía unas 25, entre rifles, escopetas y pistolas.
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Secretismo oficial
Bovino fue el primero en negarse a revelar las identidades de los responsables de la muerte de Pretti, limitándose a decir un día después del hecho que todos los oficiales venían de otras ciudades, no de Minneapolis, como una forma de “evitar la práctica del doxing”, agregando que “la seguridad de nuestros empleados es muy importante para nosotros”.
El doxing es la revelación maliciosa de datos personales, como dirección, contactos telefónicos o registros bancarios o laborales, con el fin de exponer o intimidar a las víctimas.
El DHS había informado al Congreso el 27 de enero que el análisis de las cámaras corporales de los ocho agentes que rodearon a Pretti para intentar reducirlo reveló que fueron dos los que dispararon.
La agencia agregó que las armas accionadas hasta diez veces sobre la espalda de un ya inerte Pretti fueron pistolas Glock, pero no reveló los nombres de los involucrados.
El DHS agregó que los agentes involucrados en la operación habían sido puestos en permiso administrativo luego del tiroteo, asignados a trabajo de escritorio.
No fue sino hasta el 29 de enero que el Departamento de Justicia anunció que su División de Derechos Civiles llevará a cabo una investigación sobre el tiroteo, pero no respondió a consultas de ProPublica sobre si el DHS había compartido el material de las cámaras corporales y otros registros correspondientes a la operación.
La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota se había quejado de que funcionarios del DHS habían bloqueado su acceso a la escena del crimen, incluso después de que mostraran la orden de un juez de distrito prohibiendo a agencias federales “destruir o alterar evidencia”.
Momentos después del hecho, fuentes gubernamentales informaron que la investigación estaría a cargo del DHS, y que tanto la Policía local como el FBI quedarían fuera de la misma.
El rechazo por el tratamiento del caso de Pretti ha escalado hasta el punto de forzar un cierre parcial del Gobierno federal, por la negativa de legisladores demócratas a aprobar el presupuesto del DHS sin que antes se introduzcan regulaciones a la acción de sus políticas migratorias.
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Con EFE y medios locales
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