En una cuarta y última votación, quedó aprobada de forma definitiva este 15 de julio la ley que establece en Francia el “derecho a la ayuda para morir”, una importante reforma social del segundo mandato de Emmanuel Emmanuel Macron.
El texto fue aprobado por 291 votos a favor y 241 en contra. Se complementa con una ley sobre el acceso equitativo de todos al acompañamiento y a los cuidados paliativos, promulgada el pasado 26 de mayo.
La ley prevé autorizar, por primera vez en Francia, la asistencia a la muerte e incluso la eutanasia, bajo una serie de condiciones. De este modo, la nación europea se suma al círculo relativamente reducido de Estados que han reconocido este derecho, desde Bélgica hasta los Países Bajos, pasando por Suiza, Canadá o Uruguay.
La reforma fue impulsada por el presidente Macron en 2022, con la puesta en marcha de una convención ciudadana, que se pronunció en febrero de 2023 a favor de la instauración de una “ayuda activa para morir”. Desde entonces, el proceso parlamentario ha atravesado numerosas vicisitudes.
Elección de un léxico “consensuado”
En su versión definitiva, el proyecto de ley establece, bajo condiciones estrictas, un marco regulatorio para el suicidio asistido o incluso la eutanasia activa para pacientes mayores de edad que padecen una enfermedad grave y que expresan su deseo de recurrir a ello, tal como ya existe en varios países europeos con modalidades diversas (Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal).
En Francia, la Ley Leonetti de 2005 prohibía hasta ahora la eutanasia activa, es decir, la intervención de un tercero para acortar el sufrimiento de una persona. Sin embargo, autorizaba a un paciente a rechazar un tratamiento que constituyera una “obstinación irrazonable”. En este caso se trata de una eutanasia pasiva, en la que los médicos deciden no tomar medidas para prolongar la vida del paciente.
Los términos “suicidio asistido” y “eutanasia” no aparecen en el texto francés. La elección de un léxico “consensuado” fue una decisión tomada desde las más altas instancias del Estado para encontrar un término medio en este tema que divide, especialmente dentro de la comunidad médica, a pesar de las modificaciones realizadas al texto.
El diputado del MoDem Olivier Falorni, autor de la propuesta de ley, había señalado el pasado mes de febrero que la palabra “eutanasia” “ha sido mancillada por la historia debido al uso que le dio el régimen nazi”. La expresión “suicidio asistido” genera “confusión” con “la lucha que hay que librar a favor de la prevención del suicidio”, había agregado.
Según la propuesta de ley, el paciente que desee recibir ayuda para morir debe cumplir con cinco criterios: ser mayor de edad; tener nacionalidad francesa o residir de manera estable y regular en Francia; padecer una “enfermedad grave e incurable, cualquiera que sea su causa, que ponga en peligro la vida y se encuentre en fase avanzada”, presentar un sufrimiento físico o psicológico relacionado con dicha enfermedad, que sea “ya sea refractario a los tratamientos o insoportable” y ser “capaz de manifestar su voluntad de manera libre e informada”.
Texto presentado ante el Consejo Constitucional
El “sufrimiento psicológico por sí solo” queda excluido del ámbito de aplicación de la ley. La autoadministración de un producto letal será la norma y solo se admitirá la intervención de un médico o enfermero si el paciente “no está físicamente en condiciones de hacerlo”.
El paciente cuenta con un plazo de reflexión de al menos dos días para confirmar al médico que desea que se le administre un producto letal y el médico está obligado a emitir su decisión motivada en un plazo de 15 días a partir de la solicitud de ayuda para morir. Los opositores al texto consideran que este plazo es demasiado corto y también les preocupa una “banalización del acto” impuesta al cuerpo médico.
Se establece una cláusula de conciencia para los profesionales de la salud que se nieguen a participar en el procedimiento de ayuda para morir.
Como señal de las reticencias políticas ante un tema que toca lo íntimo, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció el martes 14 de julio que recurrirá al Consejo Constitucional para que la ley pueda aplicarse “en pleno respeto de los principios que garantiza nuestra Constitución y, en particular, de la dignidad humana”.
Hay tres aspectos que se someten al análisis de los “Sabios”: la cuestión del plazo de retractación de los pacientes y su compatibilidad con “los principios de libertad personal y dignidad humana”, la situación de las personas mayores bajo tutela y la obligación de que todos los centros de salud o sociosanitarios presten asistencia para morir, a pesar de que algunos se oponen a ello.
“Es una ley aprobada por personas ricas y sanas que temen el deterioro físico, pero que se aplicará a los demás, a aquellos que realmente no pueden elegir”, había lamentado el diputado (Los Republicanos) Philippe Juvin, jefe del servicio de urgencias del hospital Georges-Pompidou de París, durante la votación en segunda lectura del texto en la Asamblea Nacional el pasado mes de febrero. Texto que fue rechazado tres veces por el Senado durante un proceso legislativo de dos años.
Este artículo fue adaptado de su versión original en francés
Con AFP
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