Autoridad francesa abrió una investigación contra TotalEnergies por homicidio involuntario y omisión de socorro a personas en peligro por un atentado perpetrado en 2021 en Mozambique por militantes yihadistas cerca de un importante yacimiento de gas. Un investigador independiente cifró en 1.402 el número de muertos o desaparecidos en el ataque, entre ellos 55 subcontratistas de la empresa multinacional.
La fiscalía francesa de Nanterre, al oeste de París, informó el sábado la apertura de una investigación por homicidio involuntario contra TotalEnergies a raíz de un sangriento atentado yihadista perpetrado en 2021 en Mozambique.
Sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque, que sucedió cerca de un importante yacimiento de gas en el norte de Mozambique, iniciaron acciones legales contra el gigante del petróleo y el gas en octubre de 2023, acusándolo de no proteger a sus subcontratistas.
Basándose en esa denuncia, los fiscales iniciaron una investigación preliminar en mayo de 2024.
El gigante energético reiteró que no cometió ningún delito en un comunicado emitido el sábado, 15 de marzo.
“TotalEnergies ha sido informada de la apertura de una investigación judicial sobre los atentados terroristas ocurridos en marzo de 2021 en Mozambique… La Compañía rechaza categóricamente estas acusaciones”, dijo la empresa en un comunicado.
Repitiendo los comentarios que había hecho en el momento de la denuncia original, TotalEnergies afirmó que los equipos del proyecto Mozambique LNG habían proporcionado asistencia de emergencia y evacuado a más de 2.500 personas.
La investigación determinará si hay motivos para llevar a TotalEnergies ante los tribunales.
Militantes vinculados al autodenominado Estado Islámico mataron a decenas de personas en la ciudad portuaria de Palma en marzo de 2021, provocando la huida de miles de personas a los bosques de los alrededores.
El ataque en la provincia de Cabo Delgado duró varios días. Algunas de las víctimas fueron decapitadas.
El gobierno de Mozambique ha declarado que murieron unas 30 personas. Sin embargo, Alex Perry, periodista independiente que llevó a cabo una investigación de cinco meses sobre la masacre, contabilizó 1.402 personas muertas o desaparecidas, entre ellas 55 contratistas de Total.
El grupo terrorista Al Shabab (sin relación con el grupo somalí del mismo nombre), que perpetró el ataque, llevaba activo en la provincia de Cabo Delgado desde 2017.
El ataque desencadenó el despliegue de fuerzas de Ruanda y otros países del sur de África, que desde entonces han ayudado a Mozambique a retomar el control de gran parte de Cabo Delgado.
Negligencia en los rescates de trabajadores
También se acusa a TotalEnergies de negarse a suministrar combustible a una empresa de seguridad sudafricana que organizó rescates en helicóptero desde un hotel asediado durante el ataque. La compañía finalmente se quedó sin combustible, dejando a la gente atrapada en el interior.
Janik Armstrong, una canadiense cuyo marido, Adrian Nel, murió en el ataque, contó a la prensa en 2023 cómo Nel aguantó bajo asedio durante dos días en el Amarula Lodge junto a otras 150 personas “esperando un rescate por parte de Total o de las fuerzas de seguridad mozambiqueñas que nunca llegó”.
Cuando se dieron cuenta de que “habían sido abandonados”, intentaron escapar en un convoy, pero los terroristas les dispararon y mataron a su marido.
Siete denunciantes británicos y sudafricanos, tres sobrevivientes y cuatro familiares de víctimas, acusan a TotalEnergies, que en 2021 se denominaba Total, de no haber tomado medidas para garantizar la seguridad de los subcontratistas antes del ataque terrorista.
TotalEnergies ha declarado que “todo el personal de Mozambique LNG y sus contratistas y subcontratistas fueron evacuados”, la mayoría en barco.
Proyecto 'Mozambique LNG' podría reanudarse
TotalEnergies paralizó su proyecto de gas natural licuado (LNG) -por sus siglas en inglés-, valorado en 20.000 millones de dólares, tras el atentado, pero ahora espera reanudarlo.
Esta semana, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos aprobó un préstamo de 4.700 millones de dólares para la empresa, que tiene una participación del 26,5% en el proyecto, cuyo objetivo es exportar gas principalmente a clientes de Asia.
Varias ONG emitieron el viernes una declaración conjunta en la que pedían a los financiadores europeos y asiáticos “que se nieguen a seguir este ejemplo tóxico e irresponsable y se opongan a la reanudación del proyecto, asociado a numerosas denuncias de violaciones de los derechos humanos”.
Texto adaptado de su original en inglés*
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