El Senado italiano respaldó la controvertida reforma constitucional que separa las carreras de jueces y fiscales, una de las promesas más emblemáticas del gobierno de Giorgia Meloni. El texto deberá ser ratificado en un referendo previsto para la primavera de 2026, una cita que podría definir el futuro político de la primera ministra. Los críticos alertan que, de ser ratificados, los cambios afectarían la independencia judicial.
La primera ministra italiana Giorgia Meloni consiguió este jueves uno de los mayores triunfos legislativos desde que llegó al poder. El Senado aprobó la reforma constitucional de la justicia que introduce la separación de las carreras entre jueces y fiscales, un cambio estructural que el ejecutivo defiende como una modernización necesaria para hacer el sistema judicial más eficiente.
Sin embargo, el texto, aprobado por 112 votos a favor, 59 en contra y 9 abstenciones, provocó una fuerte controversia y deberá someterse a un referendo confirmatorio previsto para la primavera de 2026.
"Con la aprobación en cuarta y última lectura de la reforma constitucional de la justicia damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y cercano a los ciudadanos. Un hito histórico y un compromiso cumplido con los italianos", celebró Meloni en sus redes sociales.
Más que un cambio institucional
Si el referendo la aprueba, Meloni podrá consolidarse como la dirigente que logró modificar una de las estructuras más lentas e ineficientes del Estado italiano: los procesos civiles y comerciales tardan de media unos 1.000 días en resolverse en tercera instancia, 200 días más que cualquier otro estado europeo, según datos de la Comisión Europea.
Si la pierde, en cambio, la derrota podría golpear el corazón de su liderazgo, como ya le ocurrió en 2016 al entonces primer ministro Matteo Renzi, que dimitió tras fracasar en una consulta constitucional similar.
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Los partidos de la coalición gubernamental, Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia, salieron en bloque a respaldar la medida. Pierantonio Zanettin, senador de Forza Italia, anunció que "a partir de mañana comenzaremos a recoger firmas de parlamentarios para solicitar el referendo confirmatorio", subrayando que la iniciativa cumple uno de los deseos históricos de Silvio Berlusconi, fallecido en 2023.
La oposición, liderada por el Partido Democrático de Elly Schlein y el Movimiento Cinco Estrellas, considera la reforma un intento encubierto del Ejecutivo de someter a la magistratura. "Esta no es una reforma que mejore el sistema judicial ni que ayude a los italianos. Sirve a este gobierno para tener las manos libres y ponerse por encima de las leyes", denunció Schlein tras la votación.
Una apuesta arriesgada para Meloni
El gobierno teme que una baja participación, una constante en los últimos referendos italianos, invalide la consulta, pues para que el resultado sea vinculante se necesita la participación de al menos el 50 % del electorado.
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Las encuestas recientes muestran un país dividido casi a partes iguales. Según datos del instituto Ipsos, alrededor del 48 % de los italianos apoyaría la separación de las carreras, mientras un 46 % la rechazaría.
El debate también se intensificó tras las recientes fricciones entre el ejecutivo y el poder judicial, especialmente después de que el Tribunal de Cuentas bloqueara un proyecto gubernamental para construir un puente entre Sicilia y el continente, lo que llevó a Meloni a acusar a los magistrados de "hacer política". El incidente reforzó la percepción de una guerra abierta entre el gobierno y la magistratura.
Corrientes judiciales
La innovación más significativa de la reforma es la separación de las carreras entre los fiscales, que investigan los delitos, y los jueces, que dictan sentencia. Hasta ahora, ambos pertenecían a un mismo cuerpo y podían cambiar de función durante su trayectoria profesional.
Para los defensores del cambio, esta separación garantiza una mayor imparcialidad y evita posibles conflictos de interés. Además, la reforma prevé la creación de dos Consejos Superiores de la Magistratura, uno para los jueces y otro para los fiscales, cuyos miembros serán seleccionados parcialmente por sorteo. Un mecanismo que, según el Gobierno, busca reducir el corporativismo interno.
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Sin embargo, los magistrados reaccionaron con indignación. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) anunció movilizaciones y huelgas en defensa de la "independencia judicial". En un comunicado, la ANM advirtió que la reforma "pone en peligro la plena realización del principio de igualdad ante la ley", ya que, según ellos, debilita al juez y acerca al fiscal al poder político.
Con EFE y Reuters
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