El fabricante de cemento Lafarge comparece este martes ante la justicia francesa acusado de “financiar el terrorismo” por supuestos pagos de protección al Estado Islámico y a Jabhat al-Nusra entre 2013 y 2014, a través de su filial en Siria, para mantener operativa su fábrica en el norte del país. La empresa, hoy parte de Holcim, se declaró culpable en EE. UU. de apoyar materialmente a organizaciones terroristas y aceptó una multa de 778 millones de dólares; en Francia se expone a sanciones penales y económicas adicionales.
El grupo cementero Lafarge va a juicio en Francia, acusado de pagar dinero de protección al grupo Estado Islámico (EI) y a otros yihadistas para mantener sus negocios en funcionamiento en Siria.
En un caso similar en Estados Unidos, la empresa francesa se declaró culpable de conspirar para proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas designadas por EE. UU. y acordó pagar una multa de 778 millones de dólares, siendo el primer caso de este tipo contra una corporación.
En el juicio francés, Lafarge —que desde entonces fue adquirida por el conglomerado suizo Holcim— está acusada de haber pagado millones de dólares entre 2013 y 2014, a través de su filial Lafarge Cement Syria (LCS), a grupos yihadistas e intermediarios para mantener su planta operativa en el norte de Siria.
Entre los grupos que supuestamente recibieron pagos figuran el Estado Islámico (EI) y la entonces filial de Al Qaeda en Siria, Jabhat al-Nusra.
Los acusados incluyen a Lafarge, su exdirector Bruno Lafont, cinco antiguos miembros del personal operativo y de seguridad, y dos intermediarios sirios. Uno de los sirios está bajo orden internacional de arresto y se espera que no comparezca.
Se les acusa de “financiar el terrorismo” y de violar sanciones internacionales.
Lafarge podría enfrentarse a una multa de hasta 1,2 millones de dólares si se la declara culpable de financiar el terrorismo, y a una cifra mucho mayor si se determina que violó las sanciones.
Holcim, que adquirió Lafarge en 2015, ha afirmado que no tenía conocimiento de las operaciones en Siria.
Personal sirio abandonado
Lafarge terminó de construir su fábrica de 680 millones de dólares en Jalabiya en 2010, antes de que la guerra civil estallara en marzo del año siguiente.
El conflicto comenzó con la represión del entonces presidente Bashar al-Assad contra las protestas antigubernamentales y evolucionó hasta incluir una multitud de grupos armados y potencias extranjeras.
Entre ellos, los yihadistas del Estado Islámico, que ya operaban en el norte de Siria desde 2013, se apoderaron de grandes zonas del país y del vecino Irak en 2014, declarando un supuesto “califato” transfronterizo.
Implementaron una interpretación brutal de la ley islámica, realizando ejecuciones públicas, amputaciones a ladrones y vendiendo a mujeres yazidíes como esclavas sexuales.
Mientras otras multinacionales abandonaron Siria en 2012, Lafarge solo evacuó a su personal expatriado, dejando a los empleados sirios en el lugar hasta septiembre de 2014, cuando el EI tomó el control de la fábrica.
En 2013 y 2014, LCS presuntamente pagó a intermediarios para acceder a materias primas de manos del EI y otros grupos, y para permitir el libre movimiento de los camiones y empleados de la empresa.
Los combatientes kurdos liderados por Siria, respaldados por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, derrotaron al EI y a su protoestado en 2019.
Investigación y consecuencias legales
Una investigación se abrió en Francia en 2017, tras varios reportajes de prensa y dos denuncias en 2016: una del ministerio de Finanzas por presunta violación de sanciones económicas, y otra de ONGs y 11 exempleados sirios de LCS por presunto financiamiento del terrorismo.
El juicio en París está previsto que dure hasta mediados de diciembre.
En el caso estadounidense, el Departamento de Justicia afirmó que Lafarge buscó la ayuda del EI para eliminar competidores, operando bajo un “acuerdo de reparto de ingresos” con ellos.
Bruno Lafont, director ejecutivo entre 2007 y 2015 —cuando Lafarge se fusionó con Holcim—, calificó en su momento la investigación de “sesgada”.
Otra investigación francesa por presunta complicidad en crímenes de lesa humanidad sigue en curso.
En Estados Unidos, unos 430 estadounidenses de origen yazidí y la premio Nobel de la Paz Nadia Murad han presentado una demanda civil, acusando a la empresa de apoyar ataques brutales contra la población mediante una conspiración con el EI.
Este artículo es una adaptación de su original en inglés
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