La Corte Suprema de Costa Rica solicitó el martes 1 de julio al Legislativo que despoje al presidente Rodrigo Chaves de su inmunidad para que pueda ser juzgado por cargos de corrupción. El pedido busca que Chaves sea investigado por presunta concusión en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Por primera vez en la historia de Costa Rica, la Corte Suprema decidió este martes 1 de julio pedirle a la Asamblea Legislativa que le retire inmunidad a un presidente de la República.
La solicitud del tribunal supremo tiene lugar en el marco de un caso por supuesta corrupción en la contratación de consultorías con dinero del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La decisión de la corte fue tomada con 15 votos a favor y 7 en contra, en una sesión en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscalía General en contra del mandatario el 7 de abril pasado.
Tras analizar la acusación, la corte decidió avanzar con el proceso y trasladar el expediente al Congreso, para que defina, en un plazo no definido, si levanta o no el fuero del presidente con el fin de que sea investigado.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusión (delito contra los deberes de la función pública) en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultoría estratégica, producción de mensajes y análisis de tendencia de opinión para la Presidencia de la República de Costa Rica, correspondiente al período 2022-2026, con 405.000 dólares donados por el BCIE
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El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien habría sido la persona que redactó los requisitos de contratación del concurso que realizó el BCIE para la adjudicación por unos 405.000 dólares en 2022.
"Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que él mismo elabora los términos de referencia de su contrato", detalla la acusación de la Fiscalía General.
La tesis de la Fiscalía también indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un "beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE" al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien "se le benefició con 32.000 dólares".
A Cruz se le sigue una causa penal aparte al no tratarse de un funcionario de los supremos poderes.
La Fiscalía explicó que otorgó a Bulgarelli un criterio de oportunidad, mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y él "se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar información útil para probar la participación de los imputados".
El caso salió a la luz en diciembre de 2023 ,cuando el diario La Nación realizó una serie de publicaciones basadas en audios que le facilitó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerció ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves, en mayo de 2022.
Con Reuters, EFE y medios locales
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