Colombia enfrenta un repunte de la violencia y el auge de ataques contra civiles y militares en un momento crucial para el país, que celebrará el próximo 31 de mayo elecciones presidenciales.
El sábado 25 de abril, un ataque perpetrado en la vía Panamericana mató a 19 personas, según la más reciente información del domingo. Incialmente el sábado se contabilizaban 14 muertos. Según el Ejército, un cilindro cargado con explosivos fue lanzado por guerrilleros y detonó en plena carretera, en una zona conocida como El Túnel, en el municipio de Cajibío, a casi 35 kilómetros de la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca.
La explosión y su impacto mataron a los pasajeros de un autobús, causó daños a otros 15 vehículos que recorrían la vía y provocó un enorme cráter en el pavimento, según las primeras imágenes y videos difundidos por testigos y autoridades locales.
En otro incidente, hombres armados atacaron este sábado el radar ubicado en el Cerro Santana, en la localidad colombiana de El Tambo, del departamento del Cauca (suroeste), usado para controlar el tráfico aéreo en esa región del país.
El día anterior, ocurrieron dos ataques contra instalaciones militares en Cali y Palmira, en el Valle del Cauca. Un vehículo cargado con explosivos estalló cerca del Batallón Pichincha, una unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira. Ataques que, en ambos casos, no causaron víctimas
El Estado colombiano atribuye esta violencia a grupos armados ilegales y disidencias del grupo guerrillero FARC y las milicias del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las autoridades atribuyeron los ataques en Cali y Palmira a la columna ‘Jaime Martínez’, que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán —que vinculó el ataque del sábado en la Panamericana a una "escalada terrorista"— declaró que el ataque fue uno de varios actos perpetrados en el departamento durante el sábado en otros sectores: El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.
“Nos enfrentamos a una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos acciones contundentes, sostenidas y efectivas del gobierno nacional ante la grave crisis de orden público que estamos viviendo… Esto es una ofensiva directa contra la vida, contra un pueblo indefenso. No vamos a permitir que los violentos sigan imponiendo el miedo y desafiando al Estado”, escribió en un mensaje difundido en la red social X.
A esta declaración siguió también la del Comandante General de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, para quien el repunte de la violencia en el país es consecuencia directa de la acción del Estado contra los grupos ilegales y milicias, que se multiplicaron tras la firma del acuerdo de paz con las FARC y mantienen una constante guerra por el control de territorios y vías de tránsito de droga.
“Evidentemente, estos actos de terrorismo son una reacción directa a la contundencia de nuestras operaciones militares. La presión sostenida que venimos ejerciendo ha afectado de manera significativa sus economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, así como su accionar delictivo”, afirmó en una conferencia de prensa el sábado, que fue también difundida en X.
López Barreto también afirmó que había ordenado el despliegue inmediato de unidades y operaciones militares conjuntas “con el propósito de restablecer el control militar territorial y proteger a la población”.
En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes que se disputan zonas estratégicas de esa región que es una importante salida al océano Pacífico para el tráfico de drogas.
Terrorismo, violencia y responsabilidades
El presidente Gustavo Petro tildó de "terroristas, fascistas y narcotraficantes" a los responsables del ataque en la vía Panamericana, a la altura del municipio de Cajibío, Cauca. El mandatario —el primero de izquierdas en el país y que acabará su mandato en agosto— aseguró que los grupos buscan sembrar “el miedo en la población a través de la violencia" y sostuvo que ese temor es utilizado tanto por el narcotráfico como por sectores extremistas para ejercer control territorial y político.
"Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío (…) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", escribió el mandatario en su cuenta de X, en la que responsabilizó del ataque a grupos armados bajo el mando de alias Marlon, figura central de las disidencias de las FARC y apodado el “amo de Jamundí”, por su dominio sobre la estructura Jaime Martínez.
Petro, quien en su juventud militó en el movimiento guerrillero urbano M-19, impulsó una política de 'paz total' mediante negociaciones y ceses del fuego con distintos grupos armados, entre ellos guerrillas, bandas criminales y carteles del narcotráfico.
Sin embargo, diversos sectores de la oposición y analistas de seguridad cuestionan la efectividad de esta política ante la persistencia de las acciones armadas en regiones como el Cauca.
La candidata presidencial Paloma Valencia, miembro del partido de oposición de derecha Centro Democrático y originaria del Cauca, calificó de "terrorismo" el ataque perpetrado por la facción disidente FARC, que rechazó el acuerdo de paz en 2016 firmado con el presidente Juan Manuel Santos.
"El gobierno del presidente Gustavo Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desmantelando el Estado", declaró. "Exigimos medidas inmediatas, pleno respaldo a nuestras Fuerzas Armadas y a la policía, y resultados concretos".
No es la primera vez que la violencia aumenta en época de elecciones en Colombia. De hecho, las elecciones presidenciales y legislativas de 2022 fueron las más violentas en Colombia en los últimos 12 años, registrando un aumento del 109% en hechos de violencia en comparación con 2018, según la Misión de Observación Electoral.
En aquel entonces, el deterioro de la seguridad se atribuía a la consolidación de múltiples grupos armados que ocuparon los vacíos de poder tras el proceso de paz con las FARC, siendo Los Urabeños y el ELN los principales responsables de acciones violentas en departamentos estratégicos como Cauca, Nariño y Chocó; mientras las disidencias de las FARC se enfocaron primordialmente en el control de las rutas del narcotráfico, según informaron en su momento la Defensoría del Pueblo e InSight Crime.
Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales
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