Una reforma que amenaza la lucha contra la corrupción y el crimen organizado

Mientras el país exige justicia y transparencia, el Congreso discute, con prisa, una reforma al código procesal penal que podría desmantelar años de avances en la persecución de la corrupción y la criminalidad organizada. La propuesta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados sustituye el estándar constitucional y convencional del “plazo razonable” por un conteo matemático rígido que ignora la complejidad real de los grandes casos penales.

Por aplicación de las decisiones del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana y la jurisprudencia penal, la República Dominicana ya había estado aplicando el plazo razonable sin sacrificar la capacidad del Estado para investigar redes de corrupción, narcotráfico, lavado o trata de personas. Reemplazar ese estándar por un límite fijo es retroceder décadas. Es convertir la justicia en un reloj, y no en un sistema capaz de enfrentar estructuras criminales sofisticadas.

Con esta reforma, los casos más importantes del país podrían sucumbir, no por una decisión de fondo, sino porque el tiempo se agotó. Es un riesgo real para los procesos de corrupción en curso, para los expedientes de lavado, para las investigaciones transnacionales y para toda operación contra el crimen organizado que requiera peritajes, cooperación internacional o análisis patrimoniales complejos.

Reducir la duración de los procesos es un objetivo legítimo. Pero imponer un plazo aritmético, ajeno a la realidad investigativa, no agiliza la justicia, sino que la debilita. Y en estas circunstancias, el efecto sería devastador para la lucha contra la impunidad y sorprendentemente beneficioso para quienes enfrentan cargos por delitos graves.

El Congreso está llamado a legislar mirando la realidad, no ignorándola. A fortalecer la justicia, no a ponerla contra la pared. Aprobar esta reforma sería enviar un mensaje peligroso.

La pregunta es inevitable: ¿quién gana de aprobarse esta reforma?