Un poder judicial famélico en su rol

La justicia dominicana pocas veces se ha dignado dictar sentencias condenatorias contra imputados de casos de corrupción al Estado.

Históricamente la impunidad ha sido un factor decisivo para que la justicia incline su balanza por el mantenimiento del estatus, por la invisibilidad de casos de delitos, sean robos, crímenes, asociación de malhechores o cualquier otra desliz (concepto infelizmente utilizado en alguna ocasión), que impute (si llegara hasta ese estadio) los artículos condenatorios del Código Penal.

Los actos de corrupción contra el Estado tienen diferentes categorías. Unos se realizan desde los grados más bajos de la administración pública, y son coimas, mordidas y propinas que se ponen para determinadas diligencias. Se les denomina “pequeña corrupción” y la practican personas de poca influencia, muchas veces como una manera de subsistencia o de aumentar sus ingresos. Puede pasar a ser un sistema y crecer. Se sanciona administrativamente, cuando se descubre, pero no es trascendente, pese a los grandes montos que pudiera involucrar.

La gran corrupción, sin embargo, la practican los altos funcionarios, combinados con cargos medios, en donde se vincula el nepotismo, la influencia política, y la búsqueda desesperada de ventajas para enriquecerse a costa de las finanzas estatales.

Esa corrupción es la más riesgosa, porque correo el sistema democrático, desestimula la inversión privada, destruye la competencia, corroe la calidad y cantidad de los servicios públicos, y aumenta la desconfianza de los ciudadanos en el sistema político.

A la República Dominicana le ha pasado mucho esto, y el poder judicial se ha combinado de forma mercantil y anti ética con el poder político para garantizar la impunidad y que jamás haya condena con casos bien documentados.

La idea que se transmite siempre es que se puede seguir robando, que no hay condena si usted comete los hechos, se enriquece, amarra bien sus contactos y ayuda en la designación de jueces, de cualquier nivel, porque las corrientes solidarias funcionan en esos niveles. Y corruptos, políticos y jueces sacan ventajas, y hunden las ansias de transparencia, legalidad y corrección de la sociedad.

A ello se expone continuamente el país. Para tener mecanismos de protección y transparencia se invierten miles de millones de pesos. Mantener por ejemplo a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República, la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, el Ministerio Público. El costo es enorme, y el Estado lo paga, pero el poder judicial lo hace ineficiente y lo desacredita cada vez que dicta sentencias amañadas, tuberculosas, enfermas y carentes de base jurídica, aunque se vista de legalidad.

La traición del poder judicial al poder Ejecutivo y Legislativo es enorme. El Estado también sostiene cientos de legisladores, para controlar la burocracia y hacer funcionar el sistema político correctamente. Pero el Poder Judicial libera a los corruptos, y hunde lo que hacen los demás poderes.

Y pese a ello hay gente optimista, que confía en el rol del poder judicial, y aspira a que en algún momento de la historia sea diferente.

La impunidad contra crímenes, por ejemplo, es indigna. Orlando Martínez, para poner un caso conocido, fue asesinado por oficiales de la Policía y las Fuerzas Armadas. Aunque hubo condena, 24 años después del crimen, los autores intelectuales no pasaron por los tribunales, ni fueron juzgados. Fueron separados del expediente y los que ejecutaron el mandato de matar al periodista parcialmente cumplieron prisión. La justicia traicionó al país con ese caso. Un libro de Participación Ciudadana recoge 20 años de impunidad. Sin ninguna condena. El caso Odebrecht fue a los tribunales y aunque hubo soborno de más de 90 millones de dólares, nadie fue condenado. En el Perú hay cuatro ex presidentes presos, por corrupción. Aquí ni pensarlo.

La impunidad, la complicidad, la desverguenza, el sofisma jurídico y la disposición para servir a los corruptos está muy profundamente enraizadas en determinados sectores e individuos.