Racionalizar el discurso opositor

Observando el discurso político de la oposición al gobierno de Luis Abinader y del PRM, hay que distinguir la crítica racional, sustentada en problemas evidentes y actos equivocados del gobierno y de los funcionarios, de aquellas proclamas que se hacen en tribunas y que resultan exageradas, difíciles de aceptar, porque provienen de políticos que por varios años fueron funcionarios gubernamentales y no hicieron lo que debían hacer para resolver los problemas que hoy critican.

Las críticas razonables se sustentan en denuncias de corrupción, por ejemplo, como el sazonado caso Senasa, que está en los tribunales y que ha sido denunciado y sustentado en la presente administración, con un expediente organizado por el Ministerio Público, que se corresponde con actuaciones condenatorias del presidente de la República. Eso jamás se vio en el pasado, ni siquiera con las investigaciones más contundentes. En 20 años no hubo ninguna condena sobre ningún caso de corrupción, y los pasados presidentes o negaban la corrupción, preguntando que de cuál corrupción hablaban, o ignoraban las preguntas o críticas que se hacían sobre grandes casos, que posteriormente han sido documentados.

Por eso no es extraño que en la actualidad continúen los procesos judiciales contra ex ministros y que incluso haya sentencias condenatorias contra familiares de altos funcionarios, personajes que se enriquecieron ejerciendo el poder a costa de la sombra de sus familiares. Los familiares y compañeros de esos imputados ahora condenan  que haya corrupción en este gobierno y no miran los procesos judiciales, las pruebas y los testimonios de cómo se actuaba en anteriores gobiernos con el dinero público.

Otra cosa tiene que ver con la institucionalidad. El Ministerio Público ha sido un organismo que en el pasado fue controlado en procura de que sirviera a intereses políticos y se comportara como castigador en casos que convenían. Y fue fuente de corrupción y grandes desequilibrios judiciales. Lo mismo pasaba con la administración y control del poder judicial. Eran políticos los que ocupaban las principales posiciones, miembros del partido en el poder entonces. Ahora el comportamiento ha sido evitar que los políticos dirijan los órganos responsables de cumplir y hacer cumplir la ley con equidad.

Tal vez haga falta que los líderes que hoy lanzan discursos de barricadas, que piden castigos y sanciones contra sujetos no procesados, o que requieren renuncias, y que intentan escapar hasta encontrar las fallas que nunca corrigieron, moderen el discurso alarmista, atenúen las exageraciones y vuelvan a la racionalidad. Imitar las redes sociales, y los influencers que no han ocupaciones posiciones relevantes en el aparato del Estado, no es razonable ni reditúa votaciones exitosas en los procesos electorales.