El caso SeNaSa ha generado un revuelo legítimo y una indignación necesaria justo en vísperas del periodo navideño. La justicia, consciente de la magnitud del expediente, ha actuado con cautela pero también con rapidez, dejando claro que esta es apenas la primera parte de un proceso que ya anuncia un segundo capítulo, identificado como Senasa 2.0.
Sin embargo, quienes apuestan por el caos y la erosión del sistema democrático —construido con sangre, sudor y lágrimas— aprovechan esta indignación para sembrar ruidos perturbadores, enloquecedores e incontrolables que amenazan con desestabilizar a la sociedad.
Solo la información objetiva y la responsabilidad colectiva garantizarán que la justicia avance y que el ruido no nos robe la serenidad ni el futuro democrático. Ni la fake news ni los arrebatos desesperados, con imprecaciones e insultos contra todo el que respire racionalidad y legalidad, podrán desnaturalizar el proceso legal y persecutorio.
Bajo el anonimato que ofrecen las plataformas digitales, muchos repasan episodios dolorosos de la historia reciente y los comparan con la actualidad, ignorando la madurez política alcanzada. Otros, seducidos por el afán de protagonismo, inventan escenarios sin pruebas ni evidencias, buscando convertirse en figuras de tendencia más que en voces responsables.
Conviene recordar que existe un hilo casi invisible entre las denuncias serias y el espectáculo mediático. Las primeras se sostienen en evidencias y buscan fortalecer la democracia; las segundas, alimentadas por el ruido, persiguen beneficios individuales y efímeros.
Quienes han cometido desmanes contra el erario público, antes y ahora, están y estarán frente a un demonio público, que representa la memoria histórica del pueblo dominicano. Jamás dispuesto a perdonar a los corruptos. Se recuerda que el caso Odebrecht se dio a conocer, desde el exterior, en diciembre de 2016, y eso persiguió al gobierno de Danilo Medina por el período completo. Ahora se desea repetir una historia que no es repetible.
El gobierno de Danilo quiso garantizar impunidad, y en este caso las acusaciones y persecuciones son motivadas e impulsadas por el propio gobierno. El soborno pagado por Odebrecht fue de 92 millones de dólares en República Dominicana. La justicia terminó sin condenar a nadie. También, se recuerda los U$35 millones de dólares de Punta Catalina y que la misma Odebrecht no pagó el duplo: U$184 millones de dólares, que por ley debió. Solo "pagó 30 millones de dólares".
El Ministerio Público ha presentado un caso de persecución por fraude en SeNaSa y hay una orden de demandar civilmente a los acusados, y rescatar hasta el último centavo. Ojalá sea posible. Son dos formas diferentes de ver la corrupción en el lado oficial. Quien la niega y quien la descubre y la persigue.
Por eso, debemos estar alertas y no dejarnos arrastrar por ese ruido que empaña la época navideña y amenaza con socavar la paz social. La indignación ciudadana es legítima, pero no puede convertirse en combustible para el caos. Solo la información objetiva, seria, verificada y la responsabilidad colectiva garantizarán que la justicia avance y que el ruido no nos robe la serenidad ni el futuro democrático.
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