Producción arrocera y derogación del Decreto 693-24, una mirada sociológica

La derogación del Decreto 693-24 y la subsiguiente promulgación del Decreto 635-26 el 9 de septiembre de 2026 representan un hito de reestructuración regresiva en la arquitectura arancelaria de la República Dominicana. Al desmantelar la salvaguarda defensiva del 99% aplicable al arroz pulido de origen estadounidense fuera de contingente en el marco del tratado DR-CAFTA, el Estado dominicano sucumbió a las presiones diplomáticas de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), exponiendo la producción nacional a una competencia desleal. Este giro regulatorio vulnera la soberanía alimentaria y desencadena una desarticulación profunda del circuito agroindustrial y del tejido socio-territorial en las regiones arroceras, con singular gravedad en el Cibao Noroeste. Desde la perspectiva de la Sociología Economía Crítica, la apertura del mercado cerealero expone a la formación social dominicana al dumping institucionalizado por la Farm Bill estadounidense.

Los programas norteamericanos de apoyo agrícola, como la Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC), los Pagos por Pérdida de Precio (PLC) y los esquemas de subsidio a seguros de cosecha, garantizan a los productores de Arkansas y Luisiana una transferencia estatal que cubre hasta el 40% de sus costos operativos. Esto permite exportar grano a precios deprimidos por debajo de sus costos reales de reproducción social, configurando un intercambio desigual y acumulación por desposesión. Frente a esta oferta subsidiada, el sector arrocero nacional padece una asimetría insuperable, donde los costos de producción local oscilan entre RD$ 2,800 y RD$ 3,200 por quintal verde en cáscara, condicionados por insumos importados, combustibles y servicios mecanizados.

En la escala territorial, la economía arrocera constituye un sistema socio-técnico profundamente incrustado, utilizando la categoría de embeddedness desarrollada por Karl Polanyi y Mark Granovetter. El Cibao concentra el 91.56% de la producción nacional de arroz, erigiéndose como el núcleo productivo nacional. Dentro de esta geografía, la provincia Duarte lidera la cosecha con un 29.5%, seguida de La Vega, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Sin embargo, la subregión del Cibao Noroeste, articulada por las provincias de Montecristi, Valverde y Dajabón, exhibe una sensibilidad socioterritorial extrema ante la desregulación comercial. Montecristi aporta el 17.50% de la producción nacional con 260,000 tareas cultivadas y 5,200 productores activos, mientras que Valverde contribuye con el 6.62% del volumen nacional mediante 100,000 tareas y 2,300 productores. La viabilidad del Cibao Noroeste descansa de forma absoluta sobre la infraestructura hídrica pública y privada articulada alrededor de los distritos de riego de los ríos Yaque del Norte y Mao, cuya red abastece cultivos que alcanzan promedios de 5.4 a 7.0 quintales por tarea. La neutralización de la protección arancelaria que otorgaba el Decreto 693-24 amenaza con transformar estos complejos hídricos y tecnológicos en activos varados, cancelando la rentabilidad del suelo agrícola y devaluando las inversiones de capital fijo en maquinaria pesada.

La sociología económica permite descifrar el impacto de la apertura arancelaria sobre la red de más de 300 factorías y molinos de arroz distribuidos en el país, los cuales operan en el Cibao como bancos rurales informales. Las factorías no limitan su actividad al procesamiento de secado, descascarado y pulido de grano; funcionan como el nodo financiero central que otorga liquidez, semillas certificadas, agroquímicos y financiamiento directo a los más de 33,700 productores nacionales. Esta relación crediticia se sustenta en redes de confianza interpersonal y reciprocidad comunitaria.

Al desplomarse el precio del grano en finca por la invasión de arroz estadounidense a arancel cero, las factorías enfrentan una parálisis por insolvencia de la cartera agrícola. El arroz acumulado en almacenes bajo el Programa Nacional de Pignoración, financiado por el Banco de Reservas con más de RD$ 12,000 millones de pesos a tasa preferencial del 7%, pierde su capacidad de liquidación mayorista. Esta situación coloca en riesgo de mora e impago una cartera crediticia global que supera los RD$ 15,000 millones de pesos en el sistema financiero nacional, paralizando el flujo monetario rural y rompiendo la cadena de suministros que alimenta a miles de pequeños comercios, proveedores de insumos y talleres de mecanización en ciudades como Mao, San Fernando de Montecristi, Esperanza y Dajabón. El mismo fenómeno acontecerá en las demás regiones productoras de arroz del país.

El mercado de trabajo regional experimenta una conmoción estructural. El sector arrocero genera más de 300,000 empleos directos e indirectos en la República Dominicana, sosteniendo la estabilidad económica de más de 500,000 familias rurales. En el Cibao Noroeste, la contracción del circuito arrocero provoca la evaporación súbita de la masa salarial agrícola, afectando tanto al trabajo técnico especializado, ingenieros agrónomos, operadores de maquinaria pesada, mecánicos industriales y gestores de riego, como a la mano de obra dedicada a la siembra, deshierbe y recolección. La destrucción de este circuito comercial desencadena un proceso de anomia rural y desarticulación del tejido comunitario, manifestado en el aumento del desempleo, la bancarrota de las familias parceleras del sector de la Reforma Agraria, que representan más del 70% de la\s unidades menores a 50 tareas, y el abandono forzado de la actividad agraria. La masa salarial que circula de cinco a siete veces dentro de las economías locales de Mao y Montecristi se contrae, arrastrando a la recesión al comercio minorista, los servicios de transporte y la banca local. Este fenómeno, también es extensivo a las demás zonas arroceras del país.

Desde una perspectiva geopolítica y demográfica, el colapso del circuito arrocero en el Cibao Noroeste reviste una gravedad singular por su condición de franja fronteriza contigua a la República de Haití. La producción agrícola en Dajabón y Montecristi actúa como un pivote de contención demográfica y poblamiento territorial soberano. La quiebra de la economía del arroz liquida la base de sustentación material de la frontera, impulsando un éxodo rural masivo hacia las periferias marginadas del Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros. Este proceso de migración interna forzada amplifica los cinturones de miseria urbana, pauperiza la fuerza de trabajo y debilita la presencia económica del Estado dominicano en la frontera. En conclusión, la desprotección arancelaria impuesta por la derogación del Decreto 693-24 expone la falacia del libre comercio asimétrico, donde el desmantelamiento de las salvaguardas nacionales sacrifica la soberanía alimentaria, destruye el patrimonio productivo de las zonas productoras de arroz y compromete la cohesión socio-territorial de la República Dominicana.