Peligroso desacato

Constituye un peligroso desacato el desafío abierto del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró contrarias la Constitución de la República las ordenanzas de ambas instituciones que castigan a los militares y policías que sostengan relaciones amorosas con personas del mismo sexo.

Las leyes no pueden estar sujetas al capricho personal o grupal cuando de cumplirlas y respetarlas se trata; más cuando se trata de la ley de leyes, la Constitución de la República.

El TC ha declarado inconstitucionales las sanciones —incluyendo hasta seis meses de prisión— contra militares y policías que mantienen relaciones amorosas entre personas del mismo sexo, al determinar que tales normas violan derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana y la privacidad, consagrados en los artículos 39, 40 y 74.2 de la Constitución dominicana.

Sin embargo, el pasado lunes el ministro Carlos Fernández Onofre y el director Ramón Guzmán Peralta respondieron a esa decisión de la alta corte con abierto desacato: "Continuaremos aplicando nuestro código disciplinario".

Esta rebeldía contra lo dispuesto por el Tribunal Constitucional no se puede considerar como un simple tecnicismo jurídico, se trata de un ejercicio de arbitrariedad y autoritarismo contrario al Estado de Derecho de la República Dominicana.

Las Fuerzas Armadas y la Policía no constituyen una isla en el orden institucional, son entidades públicas subordinadas a la Constitución, no al revés. Invocar "disciplina" para estigmatizar orientaciones sexuales es un pretexto homofóbico que nada tiene que ver con la eficiencia ni la disciplina con las cuales tienen que servir los agentes policiales y los miembros de los cuerpos militares.

Países tenidos como ejemplares en el avance institucional y la protección de derechos civiles y humanos garantizan el derecho de las personas de orientación sexual LGBTQ+ a servir en sus cuerpos de policías y en sus fuerzas militares.

Habría que preguntarse qué ocurriría en República Dominicana si en adelante algún ciudadano o alguna entidad pública o privada decide que no dará cumplimiento a cualquier mandato constitucional. Se puede adelantar que se  le obligaría a cumplir con la Carta Magna o sería sometido a la justicia. En ese caso bien podría defenderse argumentando que las autoridades militares y policiales desacatan lo dispuesto por el Tribunal Constitucional y admiten públicamente que continuarán violando lo que dispone la ley de leyes, sin ninguna consecuencia.

Este desafío de los altos mandos militares y policiales no solo discrimina de manera negativa a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, sino que viene a erosionar la confianza ciudadana en todas las instituciones. Desde cualquier ángulo que se mire, constituye una seria amenaza al Estado de Derecho.