A propósito de la sentencia emitida por las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto Peña y Clara Sobeyda Castillo, del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, sobre numerosos procesos de corrupción cometidos en 8 años, entre el 2012 y el 2020, hay que convencerse que la impunidad es una fuerza transformadora, disfrazada con la toga y el birrete, para garantizar que la corrupción continúe en la administración pública de este destartalado país.

La fuerza de la impunidad se impone en todas partes, y se declara apolítica, se viste de decencia, ofrece explicaciones para convencernos de que pese a las miles de pruebas entregadas, las argucias y zigzagueos jurídicas son la parte esencial del debido proceso, y garantizar la libertad de los corruptos, a toda costa, sin medida ni consecuencia, para que la corrupción siga campante.

La impunidad sigue, tiene poder, tiene argumentos, y cuenta con el apoyo de una Suprema Corte de Justicia que garantiza lo que hacen esas extraordinarias magistradas, tan apolíticas y tan inocentes, que nadie puede atreverse a rebatir su elevado sentido de misión y de equidad justiciera.

Alabadas sean estas honorables servidoras públicas, que defienden a capa y espada los bienes y propiedades públicos, y que siguen siendo dignas de ejemplo para otros magistrados y otros casos pendientes de magníficas y absolutorias decisiones, como esta que ahora se congratula el país en celebrar. Que Dios nos ayude a elevar nuestra inteligencia y nuestro deseos de alcanzar alguna día a comprender cómo se puede revestir, sin sentir desasosiego, a la señora impunidad.