El presidente recién instalado de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, ofreció este miércoles una lista de prioridades para los primeros tres meses de su gestión al frente del poder judicial.
Es muy bueno que lo haya hecho. Hay muchas expectativas respecto de su postura al frente de un poder judicial que él conoce, que ha tenido posibilidad de administrar en casos específicos, y que especialmente ha sido su responsabilidad vigilar, investigar y proponer castigos a los magistrados que violentan los procedimientos éticos.
El hecho de que el presidente Luis Abinader y el Consejo Nacional de la Magistratura hayan optado por Montero, miembro de la carrera judicial, es ya un cambio significativo, que debe comenzar a mostrar resultados en el orden en que se le seleccionó. No fue por razones políticas, ni por confianza del presidente de la República, sino porque corresponde a un entorno institucional, que debe dar muestras de responsabilidad, firmeza, honestidad e independencia al frente del poder judicial.
De acuerdo con Montero, en su presentación ante los periodistas, quiere “construir una justicia independiente, íntegra, cercana a la ciudadanía y firmemente comprometida con la protección de los derechos de las personas” y reafirmó que la agenda de trabajo de este primer cuatrimestre se articula en cuatro ejes estratégicos: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
Magnífico. Es un buen discurso y habría que ver cómo eso adquiere la forma de conquistas para dirimir conflictos entre particulares, para una sociedad que ha mantenido el criterio de que el poder judicial responde siempre a intereses, a dinero, a poder político, y a que la venda no es realmente una tapadera de ojos para dictar sentencias, sino una pantomima para simular entrega de jueces ante los intereses que más convienen.
Montero ha prometido descender a las regiones y apoyar la mejor justicia posible, donde jueces podrían ser depredadores, precisamente por la falta de vigilancia y porque aún se mantiene una especie de sentido de impunidad para quienes ejercen esa función.
“Se impulsarán mecanismos de participación en las distintas regiones del país, con el propósito de conocer las necesidades de las comunidades e incorporar sus aportes a las iniciativas de mejora del servicio judicial”. La vigilancia y la reiteración de la responsabilidad ética no puede olvidarse.
Es importante que el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia asuma que su posición, su pertenencia a la carrera judicial, lo coloca como el primer presidente de ese organismo, desde que se inició la reforma en 1997, que no responde a un compromiso político con el presidente de turno.
Su desempeño, y el desempeño del poder judicial, serán evaluados en función de esa separación política, y tiene que quedar bien claro que deberán estar, como presidente y cabeza del poder judicial, por encima, muy por encima de las evaluaciones que se hicieron a los magistrados Jorge Subero Isa, Mariano Germán y Luis Henry Molina, quienes no pertenecieron a la carrera judicial.
La idea debería ser bien clara, que a partir de ahora nadie ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia por razones de adhesión y confianza política, sino por su pertenencia a la carrera judicial, y los excelentes resultados de la gestión de Justiniano Montero.
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