El Congreso tiene una oportunidad: las tres causales no pueden esperar más

Tienen razón los juristas, congresistas e instituciones de la sociedad civil, mujeres, populares y campesinas que reclaman, a propósito de la posibilidad que se ha abierto para corregir yerros del Código Penal promulgado, incluir las tres causales como eximentes de responsabilidad penal para la interrupción del embarazo.

Si los influencers han logrado abrir esa posibilidad, bien haría el Congreso Nacional en reconsiderar una causa de gran dimensión humana y de profundo calado social, para no provocar más muertes ni más condenas, ni conducir el ejercicio de la obstetricia hacia una especialidad peligrosa. La oportunidad está abierta. Cerrarla sería una irresponsabilidad histórica.

Más de 30 juristas, académicas, comunicadores, profesionales de la salud, investigadores y personas de reconocida trayectoria pública presentaron ante la Cámara de Diputados una propuesta de modificación a la Ley 74-25 —que instituye el nuevo Código Penal— con el objetivo de incorporar las tres causales y corregir disposiciones que, a juicio de los firmantes, vulneran derechos fundamentales.

La propuesta plantea sustituir el contenido de los artículos 110 y 111 del Código Penal de modo que ni las mujeres, adolescentes y niñas, ni el personal de salud, enfrenten persecución penal cuando la interrupción del embarazo se realice para proteger la vida o la salud de la mujer, cuando el embarazo sea incompatible con la vida extrauterina, o cuando sea consecuencia de una violación sexual o incesto.

No es una consigna. Es una propuesta técnica, jurídica y médicamente fundamentada.

Las y los firmantes advierten que la redacción actualmente aprobada por el Congreso no ofrece una respuesta adecuada a estas situaciones excepcionales y mantiene un régimen de penalización absoluta que expone a mujeres, niñas y personal de salud a incertidumbre jurídica permanente.

El artículo 111, en particular, exige que se hayan agotado "todos los medios científicos y técnicos disponibles" antes de interrumpir un embarazo para salvar la vida de una mujer. Ese criterio, ambiguo por definición, puede retrasar decisiones médicas urgentes y generar inseguridad jurídica para quienes deben actuar en situaciones de emergencia. Un médico que duda porque teme la cárcel no es un médico que salva vidas: es un médico paralizado por el Estado.

Las tres causales no son una admisión legal del aborto libre. No son una puerta abierta a la interrupción del embarazo por voluntad unilateral. Son, exactamente, lo que su nombre indica: eximentes de responsabilidad penal para situaciones excepcionales, verificadas y supervisadas.

Para que ocurra un caso y se acepte tendrían que intervenir actores médicos, científicos y éticos, que procederían con su aprobación. Se realizarían únicamente cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el producto del embarazo sea anencefálico o presente complicaciones de tal magnitud que hagan inviable su vida extrauterina, y cuando el embarazo se haya producido por una violación, incesto o como resultado de un acto de violencia.

Esas son las causales. Nada más. Nada menos.

La mayoría de los países —casi todos— han aprobado la interrupción del embarazo cuando es la voluntad de la gestante, en algunos casos hasta las 12 semanas y en otros hasta las 24. Aquí no se propone nada de eso. Lo que se pide es lo mínimo que reconoce el derecho comparado: que una mujer violada no vaya a la cárcel por no querer parir a su agresor. Que una médica no sea procesada penalmente por salvar la vida de su paciente. Que una niña con un embarazo inviable no sea obligada a cargarlo hasta el final.

La mayor parte de los países aprueban las tres causales precisamente como eximentes de responsabilidad penal, para evitar la aprobación general de la interrupción del embarazo. Es, paradójicamente, la solución más conservadora posible dentro de un marco de derechos mínimos.

Esta propuesta no surge de la nada. Es el último eslabón de una cadena de reclamos sostenidos durante años por sectores médicos, jurídicos, académicos y de la sociedad civil dominicana. La discusión sobre las tres causales tiene en este país una historia larga, marcada por promesas incumplidas, debates aplazados y una mayoría legislativa que históricamente ha preferido mirar hacia otro lado.

El Congreso mantiene abierta la discusión sobre distintas modificaciones al nuevo Código Penal. Esa ventana no estará abierta para siempre. Y cada día que se cierra sin actuar, hay mujeres que interrumpen embarazos en clandestinidad, con brebajes o introduciendo objetos cortantes, arriesgando su vida porque el Estado les negó una alternativa legal y segura.

"El Código Penal todavía puede mejorarse. Incorporar las tres causales no solo responde a una demanda social sostenida durante años, sino que fortalece la protección de los derechos fundamentales conforme a la Constitución dominicana", expresaron los firmantes de la propuesta.

La solución adecuada es acoger las tres causales. No como concesión. No como derrota. Como lo que es: un acto de responsabilidad legislativa, de coherencia constitucional y de elemental humanidad.

El Congreso tiene la palabra.