En este abril de 2026 vaguadas, inundaciones, familias desplazadas, puentes colapsados, comunidades incomunicadas han cambiado el perfil de la primavera hasta ahora conocida. Más de 30,500 personas han tenido que abandonar sus hogares. Seis puentes resultaron afectados. Treinta y ocho acueductos quedaron fuera de servicio. El presidente Luis Abinader recorrió los sectores damnificados. El COE emitió alertas rojas. Y el ciclo, una vez más, comenzó desde cero.
Lo que ha ocurrido este mes no fue una sorpresa meteorológica. Fue la confirmación de lo que los especialistas llevan años advirtiendo: la República Dominicana es uno de los países del Caribe más vulnerables al cambio climático, y su infraestructura, su ordenamiento territorial y su gestión del riesgo siguen siendo profundamente insuficientes para enfrentar una realidad que se intensifica cada temporada.
El agua que desbordó las calles de Santo Domingo este abril no es una anomalía.
Mientras las aguas anegaban barrios enteros en el Gran Santo Domingo y el norte del país, la Cámara de Diputados tenía en agenda la aprobación de un préstamo de 200 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a fortalecer la resiliencia climática del Estado. La ironía no podría ser más elocuente: el país se inundaba el mismo día en que sus legisladores debatían cómo financiar la adaptación al clima.
Ese préstamo se suma a una cifra que ya resulta difícil de ignorar: durante las dos gestiones del presidente Abinader, el Congreso Nacional ha aprobado 1,230 millones de dólares en cinco préstamos orientados a enfrentar el cambio climático y los desastres naturales. Una suma considerable para un país en desarrollo. Una suma que obliga a preguntarnos: ¿dónde están los resultados?
No se trata de negar la necesidad del financiamiento. El cambio climático es real, sus costos son reales —entre 1960 y 2017, los eventos climáticos le costaron al país más de 8,610 millones de dólares—, y la adaptación requiere inversión sostenida. Pero el dinero prestado no puede seguir siendo un sustituto de la política pública. No puede ser un parche sobre una herida estructural.
Es decir, las lluvias de abril revelaron, una vez más, que el problema dominicano con el clima no es únicamente meteorológico. Es urbanístico, es institucional, es político.
Las familias que perdieron sus pertenencias en Los Alcarrizos, en Nuevo Amanecer, en los barrios ribereños del Cibao, no viven donde viven por elección. Viven donde el Estado nunca llegó con planificación, con infraestructura, con alternativas habitacionales dignas. Son las mismas familias que, temporada tras temporada, reciben un bono de emergencia —esta vez, RD$7,000 para 10,000 hogares— como respuesta a una crisis que se repite con la regularidad de un calendario.
La República Dominicana es uno de los países del Caribe más vulnerables al cambio climático
La asistencia de emergencia es necesaria e irrenunciable. Pero no puede ser la estrategia. Un país que lleva décadas entregando bonos de emergencia después de cada lluvia intensa no está gestionando el riesgo climático: está administrando su propia vulnerabilidad.
La República Dominicana no puede darse el lujo de seguir respondiendo al cambio climático con improvisación y deuda. Lo que se necesita es una arquitectura institucional que esté a la altura de la amenaza y que incluya planificación territorial real, transparencia en el uso de los fondos climáticos, una política de adaptación que no dependa del ciclo electoral, inversión en infraestructura hídrica y de drenaje y transición energética efectiva.
El agua que desbordó las calles de Santo Domingo este abril no es una anomalía. Es el futuro que ya llegó. Y la pregunta que la República Dominicana debe responder —con urgencia, con honestidad y con voluntad política real— es si va a seguir endeudándose para sobrevivir cada temporada, o si va a invertir en transformarse para no seguir siendo víctima de sí misma.
Los préstamos se pagan. Las vidas perdidas, no.
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